El Tribunal Constitucional ha cerrado otra puerta a la Isla de Valdecañas. Por unanimidad, el Pleno ha rechazado el recurso de amparo de las comunidades de propietarios contra la demolición del complejo de 134,5 hectáreas ubicado entre El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres.
La sentencia, con ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, llega semanas después de que la misma sala desestimara el recurso de la Junta de Extremadura.
Queda pendiente un tercer recurso, esta vez de los ayuntamientos afectados.
Los argumentos del tribunal
El Constitucional ha sido claro: no hay vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Los magistrados señalan que «el pronunciamiento de nulidad y reposición de los terrenos a la situación anterior» no deriva de la sentencia del Supremo ahora recurrida, sino de las sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ya habían ordenado la demolición.
Sobre los derechos invocados —libertad de residencia y propiedad—, el tribunal recuerda que están «delimitados por la legalidad urbanística». Es decir: la libre elección de domicilio «en modo alguno exime del cumplimiento de las previsiones legales sobre el uso concreto del suelo». Y lo mismo vale para la propiedad inmobiliaria, «cuyo concreto contenido es fijado por la ley y por el planeamiento territorial y urbanístico».
Tampoco prospera el argumento sobre la intangibilidad de las resoluciones firmes. El Supremo, explica el TC, se limitó a resolver «las cuestiones vinculadas a la manera de proceder a la reposición de los terrenos», sin alterar el fallo previo del TSJ extremeño.
Un litigio de más de una década
Todo comenzó en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló la autorización de la Junta al complejo y ordenó devolver los terrenos a su estado original. El Supremo confirmó esas resoluciones, pero en 2021 el TSJ extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas íntegramente y acordó una demolición parcial: solo lo inacabado, conservando hotel, viviendas, campo de golf y otras instalaciones.
En 2022, el Supremo estimó el recurso de Ecologistas en Acción-CODA y ordenó derruir también lo ya construido. Fue entonces cuando el Constitucional admitió los recursos —con división interna— y en junio de 2023 suspendió cautelarmente el derribo por seis votos contra cinco, al considerar que ocasionaría «perjuicios económicos difícilmente reparables».
La reacción de los propietarios
Las comunidades de propietarios han anunciado que estudiarán «la posibilidad de interponer los recursos pertinentes», aunque respetan la decisión. Insisten en que una ley autonómica de abril de 2023 legalizó las construcciones completamente ejecutadas en Valdecañas.
«Los propietarios actuamos de buena fe desde el primer momento y defenderemos la pervivencia del complejo hasta el final», han declarado. Y citan una encuesta de Metroscopia según la cual ocho de cada diez extremeños consideran injusta la situación y apoyan agotar todas las vías judiciales.
La batalla legal continúa, pero las opciones se estrechan.
