El paciente, que había sufrido anteriormente un tumor renal que precisó la extirpación del órgano, fallecía en 2023 a causa de la metástasis. Un empeoramiento de su salud que no le fue notificado, y que llevaba a la muerte del paciente de 61 años. Algo ante lo que, ahora, el Gobierno de Aragón ha indemnizado a sus familiares.
José M.P., un hombre de 61 años residente en Zaragoza, fue diagnosticado en 2015 de tumor renal derecho. Un diagnóstico por el que se le intervino quirúrgicamente en abril de ese año en el Hospital Royo Villanova. Operación en la que se extirpó el riñón afectado en ese momento.
Tras este proceso, a José se le realizaron controles periódicos desde el Servicio Aragonés de Salud. El último de ellos, un TAC torácico en abril de 2021. Momento en el que José no volvió a tener noticias del sistema de salud; ni controles, ni llamadas al paciente.
Una situación que se prolongaba hasta el 7 de mayo de 2022. Momento en el que el hombre acudía a Urgencias en el hospital universitario Miguel Servet de Zaragoza, por hemiplejia derecha, somnolencia y pérdida de peso. Centro hospitalario en el que se confirmó, a través de un TAC cerebral y otro torácico, una metástasis cerebral y progresión de nódulos pulmonares.
Nódulos, explica el Informe de Responsabilidad Patrimonial del caso, presentado por el abogado Ricardo Agóiz en representación de los familiares de José M.P. y abogado de Defensor del Paciente, que ya aparecían en la revisión médica realizada en 2021. Ello, sin que la Sanidad aragonesa reaccionara al respecto.
Un diagnóstico de metástasis que deriva en indemnización
Así pues, tras ingresar de Urgencias en mayo de 2022, se informaba a familia y paciente que en el TAC de 2021 ya se apreciaban las lesiones modulares en ambos pulmones.
«Sin embargo, este resultado no se comunicó al paciente, ni a su familia. Tampoco se establecieron consultas ni controles, con gran sorpresa de la familia y de los médicos que lo atendieron», lamenta ahora la asociación El Defensor del Paciente.
Un retraso en conocer el estado real de su metástasis, y del avance del cáncer, que provocó que José M.P. recibiese radioterapia a nivel cerebral en 2022. Posteriormente, inmunoterapia. Procesos sin buenos resultados que hacían que, en 2023, el hombre obtuviese cuidados paliativos hasta su fallecimiento en febrero de ese año.
«Se considera que hay responsabilidad patrimonial por parte de la Administración Sanitaria, ya que el paciente no fue citado para recibir asistencia sanitaria ante los relevantes hallazgos encontrados en 2021», expone el escrito del abogado, al que ha tenido acceso Confilegal.
Falta de información que, para el Defensor del Paciente, «impidió el tratamiento médico adecuado y provocó el fallecimiento del paciente».
Un expediente administrativo que se ha resuelto, reconociendo el Gobierno de Aragón el error de esta asistencia sanitaria. Y, con ello, aprobándose una indemnización a los familiares de 169.254 euros.
Estimación de la reclamación firmada por el consejero de Sanidad aragonés, José Luis Bancalero Flores. Una aprobación de la indemnización a los familiares que, sin embargo, demuestra que en estos casos, el tiempo se convierte en algo más preciado que el dinero.
