Ambos juristas sostienen que mientras la Constitución mantenga que el fiscal general es nombrado por el Gobierno —como establece el artículo 124.4— el puesto seguirá ligado al Ejecutivo y difícilmente será percibido como independiente.
El magistrado del Supremo Carlos Lesmes lanzó el mensaje durante la presentación del libro «¿Qué es el Derecho?«, de Andrés Ollero, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y actual secretario general del Instituto España, en la que también participaron Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas –donde tuvo lugar el acto– y Juan Arana, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla.
Lesmes fue explícito: “La Constitución dice que lo nombra -al fiscal general- el Gobierno, y si no se cambia la Constitución será siempre así y el Gobierno va a nombrar a personas que están en su entorno de confianza, lógicamente”.
Por su parte, y sobre este mismo tema, Andrés Ollero se preguntó: “El fiscal general lo nombra el Gobierno, ¿Y después que pasa?” y respondió a ese interrogante: “Lo que está pasando ahora y lo que ha pasado antes”. Por ese motivo, coincidió con Lesmes con que ese sistema de elección del más alto rango de la Fiscalía “Hay que cambiarlo”.
Por ello, añadió que ha llegado el momento de “arreglar esto”, así como la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, “sin vetos”.
LA EUTANASIA, UNA IRRESPONSABILIDAD
Ollero, junto a lo anterior, manifestó que el derecho en España “está hecho polvo” debido en gran parte a que vivimos en una sociedad marcadamente “individualista”, donde los ciudadanos lo ven como una “amenaza que le va a complicar la vida”
En uno de los apartados de su libro, Ollero analiza el “embolado” entre el derecho y la moral, con mención específica a la eutanasia, la cual, afirmó, “no es un derecho, es una irresponsabilidad” y puso como ejemplo todo lo que está sucediendo en Holanda desde que se aprobó su entrada en vigor.
LESMES: RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y JUDICIAL
Carlos Lesmes se refirió también a otro de los capítulos del manual de Ollero, donde se analizar las cuestiones de responsabilidad política y responsabilidad judicial.
Sobre este “tema de actualidad”, el expresidente del Supremo y del CGPJ, afirmó que no se puede confundir ambas responsabilidades en ningún caso y que en muchas ocasiones la responsabilidad política se debería exigir incluso sin haber previamente una respuesta judicial.
Por último, y sin hacer referencia a ningún hecho concreto, sí lanzó un mensaje sobre los actos de los poderes públicos: “No hay poder público exento de control de legalidad y el control de legalidad en última instancia les corresponde a los tribunales”.
