Hay frases que un magistrado pronuncia y se quedan flotando en la sala. Manuel Marchena, durante diez años presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y hoy magistrado de ese mismo órgano, dejó una de ellas al recoger el Premio Jurídico Fundación Marqués de Oliva que otorga Merca2: «una sociedad no puede sobrevivir sin confiar en sus jueces. No puede», afirmó.
Lo dijo sin solemnidad, casi como quien constata una evidencia, pero el aviso que encerraba era de calado.
El galardón lo compartió –exaequo– con Antonio Garrigues Walker, presidente de honor de la firma Garrigues –una de los grandes despachos españoles– de la cual fue su presidente hasta el año 2014, a quien se distinguió por una trayectoria que arrancó en el pequeño despacho familiar y culminó en una firma de prestigio internacional.
A Marchena, el jurado le reconoció su defensa de la independencia judicial, la imparcialidad y el sometimiento exclusivo al imperio de la Constitución.
Un jurado que estuvo formado por Alejandro Abascal, vocal del Consejo General del Poder Judicial, José María Macías y Juan Carlos Campo, magistrados del Tribunal Constitucional –este último también exministro de Justicia–, Santiago Pedraz y Enrique López, magistrados de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, expresidente de ese órgano judicial, Pilar Llop, magistrada y exministra de Justicia, Victoria Ortega, secretaria general de Mutualidad y expresidenta del CGAE, Gabriel María de Diego Quevedo, exdecano del Colegio de Procuradores de Madrid –que actuó como secretario– y Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, consejero delegado del Grupo Merca2 y presidente de la Fundación Marqués de Oliva.
Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, fue el responsable de entregar los galardones en una ceremonia que tuvo lugar ayer por la noche en el Hotel Rosewood Villa Magna, de Madrid.
Durante su intervención Lesmes presentó a Marchena con un afecto declarado —»tengo debilidad por Manuel Marchena», confesó— y con una alusión transparente a aquellos años en que, dijo, «el orden constitucional español resultó gravemente alterado» y unos jueces «supieron cumplir con su deber» para restablecer la normalidad. En clara referencia a lo que después desembocó en el juicio del «procés».
Gratitud, pudor e ironía
Marchena arrancó en clave de gratitud y de cierto pudor. «Compartir estrado con Garrigues» —al que describió como alguien insustituible en el mundo del derecho, de la justicia y de la empresa jurídica— le hacía sentirse, dijo, «muy honrado» y a la vez «empequeñecido».
Al repasar algunos de los premios concedidos a otras personas esa noche, confesó, entre bromas haberse preguntado qué hacía él allí. «Esta es la ventaja de tener amigos en el jurado», deslizó, con la ironía marca de la casa.
Enseguida giró el tono. Quiso leer el premio como un reconocimiento a quienes no suben a recoger galardones: sus compañeros de Sala, «los que» —subrayó— «siguen trabajando día a día, muchas veces entre grandes dificultades».
Y reservó una mención especial para Andrés Martínez Arrieta, allí presente, quien asumió la presidencia de la Sala de lo Penal que el propio Marchena dejó vacante por el cumplimiento de los dos mandatos de 5 años preceptivos.
No es un detalle menor: porque fue Marchena quien apadrinó a Martínez Arrieta en su toma de posesión como presidente de la Sala.
El núcleo: la calidad democrática y la erosión de la convivencia
Ahí el discurso ganó altura. Recogiendo una idea que había apuntado antes Garrigues —quien advirtió de que la democracia «es un valor muy difícil de entender y de sostener» y siempre mejorable—, Marchena admitió que hay margen amplísimo: «podemos mejorar muchísimo».
Pero alertó de que esa normalidad constitucional se resquebraja cuando el trabajo de los jueces se interpreta como otra cosa: como la labor de una supuesta «mafia judicial», como la de unos magistrados a los que se tacha de «fachas con toga».
Cuando eso ocurre, sostuvo, «no se ataca solo la estructura del Estado de derecho. Se socavan», dijo, «los pilares de algo más hondo: la propia convivencia».
El matiz que cerró su intervención es el que distingue al jurista del corporativista.
Marchena no reclamó inmunidad frente a la crítica, al contrario. «Las críticas a las resoluciones judiciales, afirmó, no solo son legítimas: son saludables para la convivencia. Hay que criticar las sentencias. «Lo que no cabe, advirtió, es etiquetar el trabajo de los jueces como el de unos soldados disciplinados alineados estratégicamente con una u otra opción política. Nuestro trabajo es otro», zanjó: «es el de ser jueces independientes e inamovibles, responsables y sometidos solo al imperio de la ley».
