El maltrato de las personas mayores es una realidad creciente y silenciada.
La Organización Mundial de Salud (OMS) estima que uno de cada 6 mayores podría sufrir algún tipo de maltrato. Una cifra que evidencia la dimisión real de un fenómeno que engloba tanto agresiones físicas como psicológicas, apropiaciones patrimoniales , negligencia e incluso algunas formas de discriminación social basadas en la edad —edadismo—.
Aunque la Constitución Española (artículo 15), el Código Penal (artículo 153 y 173) y la Ley 39/2006, de Dependencia ofrecen cierta cobertura jurídica, las medidas existentes resultan fragmentarias y no configuran un sistema integral de prevención, detección y protección.
En este contexto, la Asociación por el Bienestar de la Tercera Edad (ABTE Candelaria) ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que persigue la aprobación de una Ley de Protección Integral contra el maltrato a las Personas Mayores.
El objetivo es dotar al ordenamiento jurídico español de una norma específica, homogénea y eficaz que aborde la violencia hacia los mayores desde una triple dimensión: prevención, protección y sanción.
Esta propuesta aún se encuentra en la fase de firmas, por lo que si quieren que esta norma llegue a su destino final —publicarse en el BOE—, primero deben recoger 500.000 firmas antes de febrero de 2026.
Una vez logrado este primer obstáculo, daría comienzo a su andadura parlamentaria.
La asociación ABTE, una lucha incansable por la dignidad de las personas mayores
La asociación, fundada en Granada, lucha por el bienestar de las personas mayores. Entre sus acciones se encuentra la visibilizarían de la intergeneracionalidad y el fomento de actividades sociales, deportivos y encuentros con otras empresas.
Pero empezaron a notar desde la pandemia que los episodios de maltrato comenzaban a ser más comunes. «Algunos tipos, como el maltrato psicológico o económico por ejemplo, se escapan del ilícito penal. No hay manera de prevenirlos ni de erradicarlos».
Por ello, siguiendo los objetivos de su fundación, comenta Contreras, iniciaron «una investigación de manera integral la protección de mayores porque encontramos varias formas de maltrato que no estuviese amparadas».
De ahí surgió esta propuesta. Para Contreras, abogado de profesión, «plantear la ILP es ejercer la democracia directa. La mesa del congreso ya ha dado el visto bueno, ahora con la fase de firmas debe ser la sociedad civil quien se anime».
¿Qué busca esta asociación con esta propuesta?
El vicepresidente de ABTE, Francisco Miguel Contreras, asegura que, si todo sale bien, esta norma «significaría un cambio jurídico profundo en la protección y tipificación del maltrato a mayores en España, ya que establecería por primera vez un marco legal específico, transversal y accesible».
El borrador de la norma, registrado ante la Mesa del Congreso, desarrolla un enfoque amplio y sistemático del maltrato. Define como abuso cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, patrimonial o social a la persona mayor, alineándose con las recomendaciones de la ONU y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Su articulado consta de una exposición de motivos —en línea con los pronunciamientos de los organismos anteriormente mencionados—, una tipificación clara y transversal del maltrato en términos amplios, incluidas aquellas no integradas de forma específica en el CP, como la negligencia institucional o determinados abusos económicos.
Además, según el vicepresidente de ABTE, esta propuesta incluye «mecanismos de denuncias accesibles y la obligatoriedad de que los profesionales y responsables se formen para la identificación y notificación de casos».
«La norma también contempla un régimen sancionador con multas económicas, posible clausura temporal de establecimientos y suspensión de licencias según la
gravedad, lo que genera un efecto preventivo y disuasorio que no existe como tal en la legislación actual», añade el vicepresidente de ABTE.
A modo de resumen, Contreras sintetiza lo que busca la asociación con esta ILP: la ILP de ABTE Candelaria solventaría los vacíos normativos al establecer una ley específica, con mecanismos efectivos de denuncia, protección inmediata y formación obligatoria, logrando mayor detección, simplificando la tipificación y asegurando la protección práctica e inmediata de los mayores», finaliza.
Los retos jurídicos a los que se enfrentan
Desde la asociación ABTE comparten que existen ciertos riesgos jurídicos en caso de que esta propuesta siga adelante y adquiera rango de Ley. Entre ellos, señalan que la articulación de protocolos «debe ser suficientemente claros y detallados para que los centros conozcan con exactitud cuándo y cómo deben actuar, evitando así inseguridad jurídica y sanciones indebidas ante situaciones interpretables o de difícil catalogación».
Otro riesgo se refiere a cómo está configurado nuestro sistema sanitario. Para una correcta implementación, «se exige una coordinación efectiva entre profesionales, organismos y administraciones (servicios sociales, sanidad, justicia), evitando duplicidades o conflictos de competencias, lo que requiere soporte adicional y una reorientación de los procedimientos internos».
Todo esto se traduce en que los centros sanitarios y residencias deberían destinar más recursos económicos en formación, herramientas y procedimientos internos para adaptarse a la iniciativa que ha empezado a construir la asociación ABTE y que busca un hueco en nuestro ordenamiento jurídico.
Un respaldo institucional notable
En la actualidad, su propuesta ya cuenta con el apoyo de varias instituciones públicas como los Ayuntamientos de Almería, Granada y Córdoba, el Defensor del Pueblo Andaluz y ciertas Universidades de Andalucía.
En el campo de la salud, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Sociedad española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ya han reconocido su propuesta.
La asociación continúa expandiendo su campaña.
