17 organizaciones registran una iniciativa popular en el Congreso para abaratar los ‘disparatados’ precios de los medicamentos
Destacan que en los últimos años se ha experimentado "un aumento continuado" de los precios de nuevos medicamentos innovadores y, además, "en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los costes de investigación y fabricación".

17 organizaciones registran una iniciativa popular en el Congreso para abaratar los ‘disparatados’ precios de los medicamentos

Piden modificar el actual sistema de fijación de precios de los fármacos, impulsar iniciativas de transparencia, así como la creación de un fondo de investigación y formación de profesionales independiente
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25/6/2019 15:27
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Actualizado: 25/6/2019 15:33
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Diecisiete asociaciones y organizaciones de defensa de la sanidad pública, la transparencia y la comunidad científica han registrado esta mañana una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados que persigue abaratar los «disparatados» precios de los medicamentos en España.

Plantean en la ILP una serie de modificaciones en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprobó el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Entre sus medidas, se recoge una propuesta para modificar el actual sistema de fijación de precios de los fármacos, impulsar iniciativas de transparencia, así como la creación de un fondo de investigación y formación de profesionales independiente.

Esta iniciativa ha sido promovida por siete entidades: la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Federación de Asociaciones Medicusmundi, la Fundación Civio, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), y Salud por Derecho.

Posteriormente, se han ido adheriendo otras 10 organizaciones: Apoyo Positivo, la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, la Cordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo, Farmacritixs, Farmamundi, la Federación de Planificación Familiar, la Federación Española de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional, el ‘Grup de Medicament de la Societat Valenciana de Medicina Familiat i Comunitària (SOVAMFIC), No Gracias, y la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS).

La comisión promotora deja la puerta abierta para que se sigan sumando otras organizaciones.

Representantes de las entidades, en el registro de la IPL. Foto: Salud por Derecho

En abril de 2018, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso aprobó una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el PSOE para instar al Gobierno a tomar medidas para bajar el precio de los medicamentos que en 2012 se retiraron de la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que han sufrido un incremento.

Los impulsores de esta nueva iniciativa destacan que en los últimos años se ha experimentado «un aumento continuado» de los precios de nuevos medicamentos innovadores y, además, «en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los costes de investigación y fabricación».

Denuncian que «esta situación ha conllevado un importante incremento del gasto farmacéutico, poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema, introduciendo copagos en los medicamentos y, en consecuencia, limitando el acceso a determinados tratamientos a miles de personas».

«Estamos en una situación bastante negra. El Sistema Nacional de Salud (SNS) se está poniendo en peligro por el precio excesivo de los medicamentos. Año tras año, los recursos bajan y faltan medios», ha señalado el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), Damián Caballero, una de las asociaciones promotoras de esta iniciativa.

También denuncian que existe «opacidad» en torno a la fijación de precios de fármacos por parte de las Administraciones públicas y en sus negociaciones con la industria farmacéutica, y apuntan que esta «falta de transparencia» salpica también a las asociaciones médicas, de pacientes y a los propios profesionales, «lo que puede dar lugar a conflictos de intereses».

Abogan por la creación de un fondo que sufrague la formación continuada de médicos y demás sanitarios, de forma que no tengan que depender de la industria para acudir a congresos y jornadas médicas.

«El primer objetivo de la ILP es abrir el debate en la sociedad sobre el precio de los fármacos», ha informado Caballero.

«El segundo, es que la Mesa del Congreso la debata y la acepte», ha indicado.

«Después, tendríamos nueve meses para recoger 500.000 firmas y que pueda ser debatida en el Pleno del Congreso de los Diputados», ha añadido.

Estas 19 organizaciones quieren «cambiar las reglas del juego».

De izquierda a derecha: Roberto Sabrido (AJM), Vanesa López (Salud por Derecho), Marciano Sánchez (ADSPM), Damián Caballero (PLAFHC), Félix Fuentenegro (Medicusmundi), Ángela Bernardo (CIVIO) y Antonio Rodríguez (PLAFHC).

«Tiene que haber una reforma de la Ley, pero también voluntad política, para defender la salud y acabar con el negocio excesivo de las farmacéuticas», ha señalado el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.

Reclaman fijar precios «justos» con «la máxima transparencia posible», junto con medidas para que las cifras de adquisición de los medicamentos «sean de conocimiento público».

Otra de las asociaciones impulsoras de esta iniciativa es el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). Su presidenta, Laura Martínez, ha subrayado que «el precio de los medicamentos es la principal barrera de acceso a los tratamientos».

«Cuando se generan desigualdades como ésta, la gratuidad y universalidad del sistema se ven comprometidas», ha manifestado.

Estas organizaciones y asociaciones proponen que los precios se calculen con los costes de producción e investigación «reales», junto con un «beneficio industrial razonable».

«No puede ser que estemos pagando sin saber realmente lo que cuesta», han indicado.

Por ejemplo, han expuesto que los tratamientos CAR-T, recientemente incorporados a la sanidad pública, costarán a las arcas del Estado «unos 320.000 euros», pero que su precio real es «mucho menor», en torno a «40.000 o 50.000 euros».

Otro de los miembros de esa iniciativa, Fernando Lamata, miembro de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), ha puesto de ejemplo el caso de los fármacos innovadores para tratar la hepatitis C.

Según ha asegurado,la inversión del laboratorio en investigación y fabricación rondó los 900 millones de euros, según reconoció al Senado estadounidense, que distribuidos por el número de pacientes por el mundo durante 20 años, los que dura la patente, saldría a un coste unitario de 300 euros.

«En España hemos pagado una media de 20.000 euros por tratamiento, hemos gastado 2.000 millones para tratar a 100.000 pacientes», ha resaltado Lamata.

Vanessa López, portavoz de Salud Por Derecho, ha explicado que la ILP establece claramente cuál es el paradigma de la fijación que las organizaciones consideran más adecuado para conseguir precios más justos, así como de reconocer las inversiones de los diferentes actores y que éstos tengan incentivos suficientes para que sigan teniendo interés en ello.

«Pero hacerlo a un beneficio razonable para las compañías y a un precio asequible para el Sistema Nacional de Salud», ha señalado.

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