La reforma de la Administración Pública ya no puede limitarse a cambios superficiales. O se aborda como una transformación de fondo —con seguridad jurídica, procedimientos claros y una Administración realmente cercana al ciudadano— o seguirá alimentando la desconfianza, la litigiosidad y el bloqueo económico. De lo contrario, el ciudadano seguirá atrapado en un laberinto burocrático que, lejos de simplificarse, se vuelve aún más complejo con una digitalización mal diseñada.
Ese fue el mensaje de fondo que dejó el Congreso sobre la reforma de la Administración Pública 2025. La mirada de la abogacía, celebrado el pasado 11 de diciembre en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), cuyas conclusiones van mucho más allá del contexto catalán y resultan plenamente aplicables a la Administración General del Estado.
Promovido por las Secciones de Derecho Administrativo y de Derecho Ambiental del ICAB, el Congreso nació como un espacio de reflexión jurídica exigente sobre las medidas que la Generalitat de Cataluña está preparando para simplificar trámites, optimizar procesos, avanzar en la digitalización y acercar la Administración a la ciudadanía.
Un análisis que, desde la abogacía, se considera perfectamente extrapolable al conjunto del sector público español.
La sesión inaugural contó con la intervención de los diputados de la Junta de Gobierno del ICAB, Natalia Centella y Quim Clavaguera, junto a la secretaria general del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Eva Giménez, impulsora del proyecto de reforma administrativa.
Centella y Clavaguera coincidieron en señalar que el Congreso ofrecía una oportunidad real de diálogo entre la Administración y los operadores jurídicos, y subrayaron que ninguna reforma puede ser eficaz si no incorpora la experiencia práctica de la abogacía, especialmente en ámbitos clave como la seguridad jurídica y el cumplimiento de los plazos.
UNA NECESIDAD QUE NO ADMITE DEMORA
En su intervención, Eva Giménez defendió la reforma como una necesidad que no admite demora. Explicó que la Generalitat ha puesto en marcha un plan de choque con 17 medidas y ha creado una comisión de expertos encargada de proponer cambios orientados a simplificar los procedimientos, hacer más comprensible la información administrativa, mejorar la digitalización de los servicios y abrir nuevas oficinas para acercar la Administración a la ciudadanía.
Reconoció, además, que el proceso exigirá reformas normativas y que la aportación de los juristas será determinante para garantizar su viabilidad, una idea especialmente relevante si se traslada al ámbito de la Administración General del Estado.
El Congreso se integró también en el proyecto solidario del ICAB “12 Congresos, 12 Causas”, vinculado en esta edición a la Fundación OSAS.
Su gerente, Joaquim Sabater, puso el foco en una de las consecuencias menos visibles de la burocracia excesiva: las enormes dificultades que encuentran las entidades sociales y las personas más vulnerables para acceder a las ayudas públicas.
Recordó que la Fundación OSAS, con 60 años de trayectoria en Barcelona, atiende actualmente a más de 1.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o trastornos de conducta, y reclamó una reforma administrativa que simplifique de verdad los procesos de solicitud de ayudas.
El programa del Congreso se articuló en cinco sesiones centradas en los grandes ejes de la transformación del sector público: la simplificación normativa y procedimental; la administración digital; la colaboración con el sector social, cívico y privado; la profesionalización de la función directiva y de la dirección pública; y la evaluación de las políticas públicas.
En ellas participaron catedráticos de Derecho Administrativo, abogados y economistas, que coincidieron en señalar que la hiperregulación, la lentitud administrativa y la falta de medios son problemas estructurales compartidos tanto por las administraciones autonómicas como por la estatal.
Desde las Secciones de Derecho Administrativo y Ambiental del ICAB se insistió en la necesidad de contar con una normativa clara, procedimientos sencillos y plazos de respuesta realistas para evitar que la burocracia se convierta en un freno a la inversión y al emprendimiento.
También se valoró positivamente la apertura de nuevas oficinas administrativas, siempre que vaya acompañada de una auténtica profesionalización y de recursos suficientes, una reflexión que puede extenderse al conjunto de la Administración General del Estado.
La clausura reunió a las diputadas del ICAB Natalia Centella y Cristina Crespo, al presidente de la Sección de Derecho Ambiental del ICAB, Jaime Calvo, y a la patrona de la Fundación OSAS, M. Rosa Paíno, quienes pusieron el acento en la dimensión social de la reforma administrativa y en la necesidad de que la Administración sea un instrumento eficaz al servicio de la ciudadanía.
El Congreso dejó una conclusión clara: la reforma de la Administración Pública solo tendrá éxito si se afronta con ambición, rigor jurídico y una voluntad real de simplificación.
De lo contrario, advirtió la abogacía, existe el riesgo de que vuelva a quedarse en una promesa bienintencionada sin efectos reales, tanto en Catalunya como en el conjunto del Estado.
