El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado ‘caso Koldo’ un pen drive que incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes del partido.
Así consta en una diligencia en la que el Juzgado Central de Instrucción número 2 deja constancia de que la formación socialista ha remitido al tribunal “un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato pen drive”, en cumplimiento del requerimiento efectuado por el magistrado Ismael Moreno.
El juez de la Audiencia Nacional acordó el pasado mes de noviembre la apertura de una pieza separada para investigar estos pagos en efectivo, a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruye la causa. La decisión se adoptó ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieran haberse aprovechado de la falta de controles internos en el PSOE en la devolución de gastos anticipados para blanquear dinero procedente de sus presuntas actividades ilícitas.
En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción apuntó asimismo a la posible comisión de un delito de desfalco contra la formación política, entre “otras irregularidades”.
La solicitud del magistrado Moreno al PSOE
Por estos motivos, el magistrado Moreno requirió al PSOE la “relación de pagos en metálico efectuados y los documentos en los que se soportan los mismos” correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2024, sin realizar mayores precisiones sobre el alcance de la documentación solicitada.
El PSOE trasladó al juez su voluntad de colaborar con la Justicia en todo caso, si bien advirtió de que la entrega íntegra de la documentación podría tener “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos”, al implicar la aportación de información relativa a “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”.
Además, la formación socialista solicitó al magistrado que la información ya aportada quede custodiada en una pieza secreta, con acceso limitado a los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, al considerar que “es notorio que el PP y el resto de las acusaciones hacen caso omiso” de la obligación legal de reserva.
