El juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, ha acordado la apertura de una pieza separada secreta para analizar la información aportada por el PSOE relativa a sus pagos en metálico realizados entre los años 2017 y 2024.
El magistrado ha decretado el secreto de estas actuaciones por un plazo inicial de un mes y ha dado traslado de la documentación a la Fiscalía Anticorrupción para que “informe lo que a su derecho convenga”.
Moreno fundamenta su decisión en la “gravedad” de los hechos que se investigan en esta causa, en el carácter de las diligencias de investigación en curso y en el contenido de la documentación aportada por el partido político, a la que atribuye un “carácter reservado”. El juez subraya que los datos afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios del PSOE, lo que justifica que resulte “racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente” la adopción de la medida de secreto mientras se practican las diligencias pendientes.
En sus resoluciones, el instructor precisa que la exclusión de la publicidad de las actuaciones “no puede contemplarse como un límite a la libertad de información”, sino como un impedimento general al conocimiento por terceros de las diligencias judiciales practicadas durante la fase de instrucción. Añade que esta medida está amparada en “la exclusiva finalidad de asegurar la efectiva represión del delito”, un objetivo que califica de valor constitucional ineludible y que se antepone incluso a los intereses de las partes, con la única excepción del Ministerio Fiscal.
La documentación del PSOE, en un pendrive
La documentación fue entregada este martes al juzgado en un ‘pen drive’. En una diligencia del Juzgado Central de Instrucción número 2 se deja constancia de que el PSOE aportó “un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato ‘pen drive’”, que había sido requerida previamente por el magistrado. En ese soporte se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en efectivo efectuados durante esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes del partido.
La investigación sobre estos pagos en metálico se canaliza a través de una pieza separada que el juez Moreno acordó abrir el pasado mes de noviembre. La decisión se adoptó a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruye la causa, ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles internos del PSOE en la devolución de gastos anticipados para blanquear dinero procedente de sus presuntas actividades ilegales.
En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción ha apuntado igualmente a la posible comisión de un delito de desfalco contra la formación política, entre “otras irregularidades”. Por ello, el juez reclamó al PSOE la “relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos” correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2024, sin realizar mayores precisiones.
El PSOE manifestó al juzgado su disposición a colaborar con la Justicia, aunque advirtió de las “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos” que podría implicar la entrega de esa información, al afectar no solo a los pagos relacionados con Ábalos y Koldo García, sino a “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”.
Asimismo, los socialistas solicitaron expresamente que la documentación quedara custodiada en una pieza secreta, con acceso limitado a los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, al considerar “notorio” que el Partido Popular y el resto de acusaciones populares incumplen la obligación legal de reserva.