El PSOE-M ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la autorización del centro universitario promovido por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La corporación profesional actuó como acusación particular en el procedimiento judicial contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que culminó con su condena en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos que afectó a Alberto García Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en la capital de España, Isabel Díaz Ayuso.
El procedimiento ha sido interpuesto por dos diputados autonómicos socialistas que, según la Cadena SER, son también miembros del ICAM. Y es la consecuencia del resultado negativo de un recurso de reposición previo interpuesto ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.
El PSOE sostiene que la creación del centro vulnera el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales, al atribuirse el ICAM la capacidad de impartir titulaciones oficiales de grado en sus estatutos aprobados en julio.
A su juicio, la normativa solo permite a los colegios profesionales ofrecer formación de posgrado, no estudios universitarios de grado.
La denominada ICAM Universidad fue aprobada el 14 de noviembre por el Consejo de Gobierno regional y se convirtió en el primer centro universitario impulsado por un colegio profesional en España.
Los socialistas subrayan además la “sospechosa coincidencia temporal” entre la autorización definitiva del centro y el papel del ICAM como acusación particular en la causa por revelación de secretos contra García Ortiz, relacionada con González Amador.
El procedimiento concluyó con una condena de dos años de inhabilitación para García Ortiz.
El ICAM, por su parte, ha rechazado cualquier vinculación entre ambos asuntos. En un comunicado, ha afirmado que el proyecto universitario se inició en 2022, con anterioridad a la denuncia y al proceso judicial, y defendió que la autorización ha seguido una tramitación prolongada entre 2023 y 2025, con informes académicos, técnicos y de calidad, conforme al procedimiento legal y aún pendiente de nuevas autorizaciones y evaluaciones externas.
También ha negado de forma tajante cualquier trato de favor en la aprobación del centro.
