El magistrado instructor de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha propuesto juzgar a 22 personas, entre ellas el empresario Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama —señalado como presunto conseguidor del denominado caso Koldo—, por un presunto fraude de más de 70 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos cometido entre 2016 y 2017 a través de la mercantil SKT Oil.
Así lo acuerda el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, en un auto en el que aprecia indicios de delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios 2016 a 2018, además de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y constitución e integración en organización criminal.
Según el magistrado, SKT Oil operaba como distribuidora de hidrocarburos, adquiriendo el producto en depósitos fiscales bajo un régimen suspensivo de Impuestos Especiales y con operaciones inicialmente exentas de IVA.
De acuerdo con la investigación, la trama habría defraudado a través de SKT Oil 13,8 millones de euros en 2016, 35,2 millones en 2017 y 14,6 millones en 2018.
No obstante, al vender posteriormente el combustible, la empresa debía repercutir el impuesto a sus clientes y declararlo en sus autoliquidaciones, de modo que la cuota a ingresar debía aproximarse a la devengada en las ventas.
El auto sostiene que la compañía incrementó de forma ficticia el IVA deducible mediante facturas emitidas por empresas inactivas, inexistentes o creadas específicamente para sostener esta operativa, lo que habría permitido reducir artificialmente el importe a ingresar.
De acuerdo con la investigación, la trama habría defraudado a través de SKT Oil 13,8 millones de euros en 2016, 35,2 millones en 2017 y 14,6 millones en 2018. A ello se suma un presunto fraude adicional de 7,2 millones de euros en 2018 a través de la mercantil OWTRA Oil.
El magistrado detalla que los beneficios obtenidos se habrían canalizado mediante la adquisición de diversos bienes inmuebles, entre ellos una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid adquirido por 1,6 millones de euros y un edificio de 45 viviendas comprado en 2018 por el mismo importe y vendido en 2022 por 2,7 millones.
En el caso concreto de Claudio Rivas, el juez propone juzgarle por delitos de defraudación tributaria a través de SKT Oil, en concurso con falsedad documental en los ejercicios 2017 y 2018, así como por integración en organización criminal. Además, plantea declarar responsables civiles subsidiarios a 16 sociedades mercantiles y partícipes a título lucrativo a cinco personas físicas.
La resolución recuerda también que Rivas y Víctor de Aldama figuran como investigados en otra causa por fraude en el sector de los hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional.
En ese procedimiento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los señala como presuntos cabecillas de una organización criminal especializada en delitos contra la Hacienda Pública, que habría operado a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel, propiedad de Rivas.
