La Inteligencia Artificial (IA) es una realidad cotidiana en los despachos, asesorías jurídicas o empresas. Su irrupción ha revolucionado la manera en la que se trabaja la documentación, normativa y jurisprudencia: se automatizan búsquedas, permite trabajar a una velocidad inédita..
Pero esta adopción acelerada también plantea una pregunta clave: ¿están los abogados utilizando herramientas realmente diseñadas para el ejercicio profesional del Derecho?
Desde esa reflexiona nace Prudencia.AI, una solución impulsada por Carlos Guerrero, junto a su socio Jaume Bosch.
«Prudencia.IA nace porque mi socio, Jaume Bosch, y yo vimos como muchos abogados empezaban a usar inteligencia artificial, pero con herramientas que no estaban pensadas para el ejercicio profesional del Derecho. Eran soluciones rápidas, generalistas, que no tienen en cuenta el riesgo jurídico, la normativa europea ni la necesidad de supervisión humana», explica el abogado y emprendedor.
La supervisión humana, en el centro de de Prudencia.AI
El eje del proyecto es claro: el abogado sigue siendo el responsable último de cada decisión. La herramienta está diseñada par asistir y no sustituir, y por ello, la supervisión humana está cumpliendo así con los prinicipios del Reglamento de Inteligencia Artificial y del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
«Es una IA diseñada específicamente para abogados, que respeta el marco del AI Act europeo, donde la supervisión humana —en este caso, del abogado— es obligatoria, y donde la herramienta asiste, pero no decide», explica el abogado sobre la importancia de situar al abogado en el centro de las decisiones cuando se usa este tipo de herramientas.
De hecho, Prudencia.AI ha sido concebida desde el inicio como un sistema de alto impacto con control humano permanente: «No inventa respuestas cuando no hay base jurídica clara y sobre todo no sustituye el criterio del abogado, lo refuerza», añade Guerrero.
Una IA de un abogado para el resto de abogados
La plataforma permite trabajar con documentación propia del despacho o del cliente, identificar los hechos jurídicamente relevantes, contrastar la normativa aplicable con la jurisprudencia existente y valorar escenarios y riesgos antes de formular conclusiones.
Además, facilita la creación de bases de conocimiento jurídicas privadas — con información relativa al despacho relativa a clientes y o documentos— y ofrece un modelo de conversación para aclarar dudas.
A diferencia de otras soluciones, Prudencia.AI razona a través de bases de conocimiento jurídicas estructuradas y entornos cerrados, por lo que no depende de búsquedas abiertas ni de fuentes externas no verificadas.
«La herramienta funciona en un entorno controlado, diseñado específicamente para el trabajo jurídico. Prudencia.ai combina modelos avanzados de inteligencia artificial proporcionados por distintos proveedores tecnológicos con una capa propia de conocimiento, lógica y control, ajustada al contexto del Derecho español y al uso profesional en despachos», explica Guerrero sobre el funcionamiento de la IA.
En este entorno, la información que introducen los abogados no se utiliza para entrenar modelos —ni propios ni de terceros— ni se comparte con otros usuarios: «Cada profesional trabaja en un entorno seguro, con cifrado, infraestructura europea y cumplimiento estricto de la normativa de protección de datos».
Por qué elegir Prudencia.AI
Aunque el mercado ‘legaltech’ ofrece ya múltiples alternativas, Prudencia.AI se posiciona desde una premisa clara: «entender el contexto jurídico y los límites del ejercicio profesional».
«El abogado seguirá siendo responsable, y trabajará con una herramienta que reduce errores, evita alucinaciones y refuerza el razonamiento jurídico, siempre bajo su supervisión. Prudencia no elimina el riesgo profesional, pero sí ayuda a gestionarlo mejor, que es precisamente lo que exige hoy el AI Act: uso responsable, control humano y trazabilidad», enumera las ventajas de su solución Guerrero.
Actualmente, la plataforma ofrece una demo gratuita y varios planes de suscripción. El más básico, el ‘starter’, de 69 € al mes, está pensado para un único usuario e incluye carga limitada de documentos, acceso a bases jurídicas y conversaciones ilimitadas con la herramienta.
El segundo plan, con precio de 119 euros al mes, orientado a despachos, parte de dos usuarios e incluye una interacción ilimitada con el chat, subida de documentos y procesamiento de audios.
