Noam Chomsky, en su libro ¿Quién domina el mundo? (Ediciones B, 2016), recoge lo que él llama la doctrina Muasher, denominada así por Marwan Muasher —ex viceprimer ministro jordano y director de investigación sobre Oriente Próximo en el Carnegie Endowment—, quien formuló un principio operativo tan simple como eficaz: “El argumento tradicional propuesto dentro y fuera del mundo árabe es que no hay nada que esté mal, todo está bajo control. Con esta línea de pensamiento, las fuerzas atrincheradas argumentan que los opositores y los extranjeros que piden reformas están exagerando las condiciones reales”.
Chomsky lo resume como una actitud de élites: no pasa nada, todo está bajo control. Y si todo está bajo control, entonces lo que sobra no es el problema: sobran quienes lo señalan.
La crítica pasa a ser exageración; el mensajero, sospechoso.
Estos días hemos tenido un ejemplo clarísimo de esa lógica operativa que describió Chomsky. En el acto solemne de entrega de despachos a la nueva promoción de la carrera judicial, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, hizo algo bastante poco revolucionario y, sin embargo, cada vez más raro: habló de la realidad.
No de impresiones, ni de eslóganes, sino de datos y de consecuencias. Recordó que España arrastra un “grave déficit de jueces” y lo expresó en cifras comparadas: 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a 17 en Europa; advirtió de que la creación de 500 plazas judiciales —buena noticia— no resuelve el problema de fondo si no se incrementa el número de jueces.
Planificación realista
El discurso, además, no se quedó en la aritmética. Perelló pidió “planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional” y recordó que el CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, debe ser “actor esencial” en reformas que afectan a la función jurisdiccional.
Y colocó una advertencia específica sobre el punto más sensible del momento: el despliegue de los Tribunales de Instancia.
El Consejo, dijo, “ha mostrado preocupación por los problemas que conlleva la implantación” de la nueva ley; y añadió una idea que, en la práctica, es una prueba de seriedad: las reformas deben hacerse “de forma ordenada, organizada y con el tiempo necesario, contando con los profesionales de la Justicia”, preservando la figura principal del juez como garante último de los derechos.
La respuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, no fue rebatir cifras, ni explicar un plan de contingencia para los Tribunales de Instancia cuando la implantación falle. Fue desplazar el foco: calificar el discurso de Perelló como “discurso político” y contraponer el impulso reformista del Gobierno —“el inmovilismo no lleva a ninguna parte”— como si eso agotara el debate.
Aplicación de la doctrina Muasher
Y aquí es donde la doctrina Muasher encaja sin esfuerzo.
Porque “todo va bien” no siempre se dice así, en crudo. A veces se disfraza de palabras bonitas: reformas, modernización, justicia del siglo XXI, eficiencia.
El problema es que ese lenguaje sirve para dos cosas a la vez: para impulsar cambios y, también, para blindarlos frente a la crítica. Cuando la crítica se etiqueta como “política”, ya no hace falta responder al contenido: basta con discutir la intención.
Ahora bien, si “discurso político” significa “poner cifras sobre la mesa” o “advertir de riesgos de implantación”, entonces el término ya no distingue nada.
Se ha convertido en una etiqueta para desactivar.
Y el problema de desactivar alertas en Justicia es que negar el problema no lo hace desaparecer, solo lo aplaza y vuelve en forma de retrasos, saturación y desconfianza ciudadana.
Los Tribunales de Instancia son, precisamente, el tipo de reforma donde el “todo está bajo control” es más peligroso que un error.
Porque el riesgo no es teórico: un cambio organizativo de esa magnitud, si se despliega sin planificación adecuada o sin protocolos claros, convierte la transición en un periodo de disfunciones evitables.
Reformas con orden, tiempo y profesionales dentro
Perelló lo dijo sin épica y con una precisión que, en realidad, es de gestión pública: las reformas deben hacerse con orden, con tiempo y con profesionales dentro.
Eso no es inmovilismo. Es simple sentido institucional. Y, si se quiere, es también una obligación moral: quien empuja reformas tiene que garantizar que no degradan el servicio al ciudadano durante la transición.
Por eso es tan revelador que la respuesta política prefiera la etiqueta. Porque la discusión de fondo no es “reformas sí/reformas no”: es si se responde a lo que se ha dicho o si se cambia de tema.
La doctrina Muasher no necesita censura. Le basta con un truco de manual: discutir al mensajero, no al mensaje.
Si el dato incomoda, el dato “exagera”.
Si el diagnóstico molesta, el diagnóstico “politiza”.
Y si el diagnóstico se pronuncia en un acto solemne, se sugiere que el problema es el escenario: el lugar, no el fondo.
El debate se desplaza: de qué pasa a quién lo dice.
El foco se traslada a otro sitio
Y así, sin necesidad de discutir cifras ni planes, el foco se va a otro sitio.
Pero hay que mantenerlo precisamente donde lo situó la presidenta del CGPJ, en una justicia cuyo déficit de jueces provoca un sobreesfuerzo y sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales, retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles tanto para los profesionales del derecho como para los ciudadanos.
Por eso irrita que se discuta el tono en vez del contenido.
Escuchar de verdad obligaría a hablar de plazos, de medios y de correcciones; a reconocer déficits y a asumir ajustes cuando algo no funciona. Pero, en lugar de escuchar, se elige lo contrario.
No interesa cuando escuchar implica bajar al barro de los detalles: números, cargas, recursos, calendarios.
No interesa cuando escuchar estropea el “todo va bien”.
Y no interesa, sobre todo, cuando escuchar obliga a cambiar el guion: del anuncio al resultado.
Ahí está la tentación de la doctrina Muasher: seguir adelante sin mirar demasiado, sostener el relato y discutir al mensajero.
Solo que en Justicia mirar no es un lujo: es parte del trabajo.
Y cuando se decide no escuchar —precisamente porque escuchar obligaría a actuar— el “todo está bajo control” deja de ser una frase cómoda y se convierte en una elección.
Una elección que terminamos pagando todos.
No, no fue un discurso político. No dejemos que el debate se desvíe de lo importante.
