La magistrada Marta Romero Lafuente, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Málaga ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con casi 70.000 euros a una paciente, después de que los médicos no detectaran en la radiografía la fractura de codo que la llevó a pasar cuatro veces por quirófano y a necesitar una prótesis.
Consecuencias físicas ante las que, sin embargo, la administración negó que se tratara de un caso de mala praxis.
Amanda (nombre ficticio) de 57 años y con antecedentes de esclerosis múltiple, sufría una aparatosa caída en su domicilio el 12 de junio de 2017, acudiendo tras el golpe al Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
Centro médico en el que, tras la exploración y realización de radiografías, «acabaron diagnosticándole luxación de codo, nunca de fractura».
Un diagnóstico que provocaba que la mujer volviese a acudir al hospital una semana más tarde, con fuertes dolores y un hematoma en la mano.
Situación que se prolongaba hasta el 22 de junio, cuando se realizaba una nueva radiografía que indicaba una fractura parcelar de la cabeza del radio.
Algo que llevaba a la mujer a ser derivada al Hospital Clínico, donde el traumatólogo reconocía una «fractura luxación de codo derecho», así como una «posible fractura punta apófisis coronoides», conocida como «triada terrible».
Diagnóstico que, finalmente, se confirmaba a finales del mes de junio, siendo operada la paciente de la fractura el 6 de julio de 2017. Tras ello, siguió un tratamiento rehabilitador hasta noviembre de ese año.
Algo que, sin embargo, no evitaba que la mujer siguiera sufriendo fuertes dolores.
Dolor que la llevaba a ser intervenida en varias ocasiones más, siendo en junio de 2018, un año después de su caída, cuando se le hace una intervención quirúrgica para implantarle una prótesis de codo.
Mala praxis al no observar la fractura desde el inicio
Un caso que la mujer, defendida por el abogado Damián Vázquez, de la asociación El Defensor del Paciente, llevaba ante los tribunales.
«Ha existido una mala praxis de aquellos que la entendieron, o subsidiariamente, un error de diagnóstico, al no ser capaces en el servicio de Urgencias de detectar la fractura. Y por tanto, se ha producido un anormal funcionamiento de la Administración sanitaria, dado que, o bien realmente no había imágenes de fractura, y fue causada durante las incorrectas manipulaciones, o bien sí que había fractura, pero el facultativo no se percató de ello y emitió un diagnóstico incorrecto», expone la defensa de Amanda.
Algo ante lo que se oponía la administración, negando que se produjera «daño jurídico imputable a la administración sanitaria, ya que su actuación fue ajustada en todo momento a la lex artis».
Posición de la administración pública contraria a la de los expertos que intervenían en el caso, que confirmaban que se había producido mala praxis en el cuidado de esta paciente.
«Existió un diagnóstico incompleto de forma inicial, donde desde la primera radiografía se evidenciaba que además de la luxación existían fragmentos óseos (fractura)», exponía una especialista en medicina legal.
Posición que compartía el jefe de servicio de cirugía del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, que destacaba que en el informe consta la «no presencia de fractura», cuando es «obvio que sí la tenía».
Valoraciones que llevan a la magistrada a estimar el recurso presentado por El Defensor del Paciente. Y así, condenar al SAS a indemnizar a la paciente con 69.235 euros, más intereses legales, por no detectar la fractura a tiempo. Con imposición de costas con un límite máximo de 2.000 euros.
