Llegaron a España con el mismo entusiasmo con el que un notario entra en un burdel: sabiendo que algo no cuadra y que conviene mirar bien dónde se pisa. La misión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, vino a examinar el estado de derecho en España, con foco específico en el funcionamiento de la Justicia y las garantías institucionales.
Todo ello con un objetivo final muy concreto: redactar un informe oficial sobre España que sirva de base para recomendaciones del Parlamento Europeo en materia de Estado de derecho.
No era, por lo tanto, una visita protocolaria ni de cortesía.
Estaba formada por los eurodiputados Raquel García Hermida-Van der Walle, liberal y presidenta de la misión; Javier Zarzalejos, del Partido Popular Europeo (PPE); Jorge Buxadé, de Vox, integrado en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos; Assita Kanko, miembro del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR); y Alessandro Zan, del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D).
La misión europea escuchó a jueces, fiscales, técnicos y altos cargos, todos muy correctos, muy educados y muy convencidos de su propia versión de los hechos.
Lo que no escuchó fue al poder en persona.
Porque no los recibió ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que consideró que no era prioritario dicho encuentro; ni el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; ni el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo.
También estuvo ausente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Por parte del Ministerio de Justicia, fueron recibidos por Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, número tres del Ministerio, y por la directora general de Asuntos Constitucionales, Camino Vidal.
Suficiente rango para cumplir el expediente, insuficiente para despejar sospechas.
Porque hay ausencias que se explican por sí mismas. Un castellano antiguo seguramente recordaría aquel viejo dicho de que no hay mayor desprecio que no hacer el menor aprecio.
Raquel García Hermida-Van der Walle tomó nota con la paciencia de quien ha visto demasiados países explicar lo inexplicable.
Al final dejó caer la frase con bisturí en una rueda de prensa final: una reunión con el presidente habría enriquecido el debate. Traducción libre: cuando el jefe se esconde, el ruido lo hacen los subalternos.
Las reuniones fueron “abiertas y constructivas”, dijeron los eurodiputados. Es decir, nadie alzó la voz y todos jugaron al viejo deporte europeo de hablar mucho sin comprometerse demasiado.
En España, el debate sobre la justicia sigue siendo un campo de minas donde cada cual pisa solo el terreno que ha señalizado previamente. Hay conocimiento, sí. Hay sensibilidad, también.
Y una sospecha persistente de que el relato oficial se sostiene más por reiteración que por convicción.
Javier Zarzalejos, eurodiputado por el PP, curtido en Bruselas y en Madrid, pidió tiempo antes de sacar conclusiones.
El informe llegará
El informe llegará después, cuando las fórmulas diplomáticas se transformen en párrafos incómodos. Alessandro Zan, socialista italiano, no perdió la ocasión de disparar contra el Partido Popular Europeo, recordando pactos rotos, visitas canceladas y esa elasticidad moral tan propia de la política comunitaria cuando conviene mirar hacia otro lado.
Desde el Ministerio se desplegó el argumentario habitual: digitalización como bandera, aumento histórico de plazas judiciales y leyes de integridad recién salidas del horno.
Todo impecable en el dossier. Más dudoso en la realidad cotidiana, donde la confianza institucional no se implanta por decreto ni se moderniza con una aplicación.
El paso por el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Fiscalía dejó el consabido rastro de solemnidad y prudencia.
Se habló de amnistía, separación de poderes e independencia judicial con tono grave y palabras medidas, mientras fuera seguía latiendo un país que observa, recuerda y desconfía.
Teresa Peramato, nueva fiscal general del Estado, defendió la reforma del Estatuto Orgánico con verbo firme y argumento europeo: más estabilidad, más autonomía, mandato único y no renovable.
Pidió además un nuevo modelo penal, con fiscales investigando y jueces vigilando derechos fundamentales, como en la mayor parte de Europa.
Reclamó autonomía presupuestaria para una institución que, paradójicamente, es constitucional pero vive con la cartera ajena.
Y así terminó la visita. La misión se fue con la libreta llena y la sensación incómoda de haber hablado con casi todos menos con quienes realmente mandan.
En España, cuando la justicia se examina desde fuera, el poder suele mirar hacia otro lado. No por cobardía —que sería demasiado simple—, sino por esa vieja costumbre de confundir el silencio con inteligencia.
