La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Gemma Barroso, que ejerce de forma interina la Dirección Adjunta Operativa (DAO), ha contactado este jueves con la denunciante de un presunto delito de agresión sexual para ofrecerle protección policial.
Según ha informado el Ministerio del Interior, la agente —que acusa al exjefe operativo de la Policía, José Ángel González, de un delito de agresión sexual— ha aceptado la protección ofrecida por la comisaria principal.
La denunciante, también agente de la Policía Nacional, se encuentra de baja desde julio de 2025 y en enero pasado presentó denuncia en un juzgado de Madrid contra el entonces DAO, el comisario principal González, por un presunto delito de agresión sexual con penetración, así como por coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.
Críticas al ministro del Interior y agradecimiento a la DAO interina
La decisión de activar la protección policial se produce en paralelo a las críticas formuladas por el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita. El letrado ha asegurado este jueves que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se había puesto en contacto con su cliente y se ha preguntado “dónde está la empatía” que, a su juicio, dice tener el Gobierno.
Piedrafita sostiene que no corresponde a su defendida pedir dimisiones, sino que debe ser el ministro quien asuma su responsabilidad por los posibles errores cometidos.
Asimismo, el abogado ha agradecido públicamente la actuación de Barroso, a quien ha reconocido haber atendido a su cliente con “mucho tacto y empatía” y haberla animado “a que siguiera hasta el final con todas las consecuencias”. Según ha relatado, la DAO interina “se quedó de piedra” ante el relato de la agente y le trasladó que estaba haciendo “lo correcto”.
De baja desde julio de 2025
La denuncia presentada por la agente recoge que solicitó la baja en julio de 2025 tras recibir una llamada del comisario José Ángel González, cuando se encontraba en el despacho de Gemma Barroso, en su condición de subdirectora general de Recursos Humanos y Formación.
En el escrito, la víctima describe múltiples llamadas intimidatorias tras la presunta agresión sexual, que sitúa el 23 de abril de 2025. Entre ellas, menciona una llamada registrada el 24 de julio, tres meses después, en la que se alude a Barroso en su condición de responsable de Recursos Humanos.
Barroso asumió la jefatura de la Dirección Adjunta Operativa en aplicación de la Orden 859/2023, de 21 de julio, que regula el relevo en caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular del puesto, hasta que la plaza sea convocada y resuelta formalmente por el Ministerio del Interior.
