El Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes ha propuesto una modificación en el sistema de acceso a la función pública, con especial incidencia en la oposición a las Carreras Fiscal y Judicial, con el argumento de su obsolescencia y falta de democratización.
No es la primera vez que se plantea una reforma, ni probablemente sea la última. Algunas de las opiniones vertidas por responsables políticos son llamativas por la falta de conocimiento de un sistema que tuvo el éxito de poner fin a las históricas cesantías que caracterizaban la Función Pública española del siglo XIX.
El modelo español de oposiciones funciona. Con sus defectos (las propuestas de mejora darían para otro artículo) se desarrolla con normalidad y encuentra gran aceptación en una sociedad consciente de la objetividad del sistema y confiada en el desempeño imparcial de quienes ejercen la Función Pública.
Quienes superan la oposición son valorados positivamente, ya que el ciudadano es consciente de que quien le sirve lo hace ocupando un cargo conseguido exclusivamente sobre la base del mérito y el esfuerzo, sin albergar suspicacias acerca de afinidades políticas en torno al nombramiento, y es que, efectivamente, constituye un vehículo seguro para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en los términos que exige el artículo 23.2 CE.
Reconocido fuera de nuestras fronteras, donde se valora positivamente la capacidad de los servidores públicos españoles seleccionados de este modo, la garantía de cualificación técnica que proporciona garantiza la necesaria objetividad en la actuación administrativa y asimismo que los sucesivos gobernantes salidos de las urnas cuenten con funcionarios altamente cualificados –y al mismo tiempo inamovibles- para auxiliarles en el desarrollo de las altas funciones a las que son llamados.
Nuestro modelo de oposiciones no es estático. Se evalúa permanentemente y evoluciona mediante la inclusión o exclusión de materias, aptitudes, idiomas o ejercicios prácticos, logrando así la adquisición o consolidación de destrezas que habrán de emplearse en el desempeño de las funciones una vez superado el proceso selectivo.
Esa progresiva transformación del modelo de examen es consustancial al cambio social y permite que se genere y evolucione un cuerpo de opositores a cada cuerpo. Esos opositores sin voz son un verdadero tesoro para cada carrera de manera que a través de la competición cada aspirante gana no solo los conocimientos necesarios, sino también otras cualidades, como la madurez y la resiliencia.
El opositor es, en este sentido, una figura incómoda para el relato contemporáneo: vive fuera del tiempo productivo, aplaza la vida y memoriza lo que no es memorizable sin comprensión. No se forma para resolver un caso concreto, sino para habitar un sistema jurídico entero.
Esa formación extensa no es un capricho académico, sino la condición mínima para afrontar, años después, la variedad imprevisible de conflictos reales con una brújula interior que no dependa del viento dominante del momento.
Sin pasar por alto que la herramienta legislativa escogida para modificar el modelo de acceso a las carreras fiscal y judicial sea una Ley Orgánica, que limita considerablemente la posibilidad de modificar el sistema de exámenes si no es a través de una norma del mismo rango, el anuncio realizado hace unos meses por el Ministerio de Justicia para transformar el sistema de acceso planteó una transformación dirigida al fracaso del sistema, pretendiendo transformar el Centro de Estudios Jurídicos, donde quienes han superado la oposición adquieren su formación inicial, en la institución que también formará a una parte de los opositores, de manera que del Ministerio de Justicia pasarían a depender no solo el tribunal de que decide la aptitud, sino también uno de los centros de preparación.
Se ha argumentado que se busca superar un examen “exclusivamente” memorístico y sustituirlo por un ejercicio práctico que permita valorar la capacidad de razonamiento.
Los tribunales calificadores valoran la capacidad de razonar de los opositores
Aun siendo cierto que la memoria es consustancial al modelo actual, no lo es menos que los tribunales calificadores ya realizan una valoración de la capacidad de razonar que se encuentra implícita en la asimilación de un programa y su exposición.
Por ello resulta discutible que se despache el modelo vigente como un mecanismo “excesivamente memorístico”, al tratarse de una crítica conocida pero incompleta. La memorización del programa no constituye un fin en sí mismo, sino un instrumento para ordenar el razonamiento jurídico, manejar conceptos con precisión y sostener decisiones complejas bajo presión.
Quien ha pasado por este proceso selectivo sabe que la memoria no es mera repetición, sino disciplina intelectual. La implantación de un examen exclusivamente práctico, además de no garantizar la adquisición del suficiente conocimiento del Derecho, genera inseguridad debido a su subjetividad, lo que daría lugar a múltiples impugnaciones entorpeciendo el proceso.
Para muestra, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en una reciente sentencia de 7 de enero de 2026 sobre una prueba práctica se pronuncia en estos términos “una materia en cuya valoración entra un alto grado de subjetividad, en la medida en que no cabe hablar de respuestas categóricamente correctas o incorrectas (salvo casos flagrantes de error o confusión)”.
No existe endogamia
También se ha señalado que existe endogamia o que el sistema impide el acceso a personas con rentas bajas. Lo primero lo desmienten los resultados de la última encuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial a los jueces en prácticas del curso 2025/2026, que demuestra que apenas el 7% tiene familiares en la judicatura (el Centro de Estudios Jurídicos no publica los datos, a pesar de que realiza una encuesta similar a los fiscales que forma).
La necesaria “democratización” es más fácil de lograr a través de un sistema de becas fuerte: el verdadero ascensor social que evita la pérdida de talento consiste en reforzar la igualdad de oportunidades. Aun cuando se han dado pasos en este sentido con las becas SERÉ, el número de becas aún es insuficiente, y es en ello en lo que habría que poner todo el empeño.
En lo demás, la propuesta plantea aspectos oscuros: ¿Con qué criterios algunos opositores podrán preparar en el Centro de Estudios Jurídicos a diferencia de otros?, ¿contarán aquellos opositores con una ventaja al preparar de acuerdo con un modelo diferenciado?, ¿estudiarán con un temario que sea el de referencia del tribunal calificador en detrimento de quienes no dispongan de él?, ¿será la Universidad (con sus propios problemas de acceso) la que impulse a unos opositores frente a otros?, ¿competirían entre ellas?, ¿la existencia de becas permanentes en personas vinculadas con una institución pública traería consigo reclamaciones ante la jurisdicción?, etc.
En suma, la última propuesta no constituye una necesidad inaplazable ni debe imponerse sin los indicadores adecuados y el indispensable consenso, menos aun desacreditando su función.
El sistema planteado para Jueces y Fiscales, que no existe para el acceso a ningún otro cuerpo, pretender sustituir un sistema que funciona por otro sin referentes mínimamente evaluados y que podría causar perjuicios a corto plazo, lo que lleva racionalmente a concluir la inidoneidad y falta de neutralidad de la propuesta.
