El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a dos años y tres meses de prisión para una notaria de Jerez de la Frontera por apropiarse de más de 70.000 euros depositados como garantía para participar en una subasta de bienes de una empresa en concurso.
La sentencia ratifica el fallo dictado previamente por la Audiencia Provincial de Cádiz, que la consideró responsable de un delito de apropiación indebida.
Los hechos se remontan a 2018, cuando la notaria fue designada para organizar la subasta de una nave industrial perteneciente a la empresa conservera El Rey de Oros, inmersa en un proceso concursal.
Para participar en la puja, exigió a los interesados el depósito de 70.324 euros en concepto de garantía, dinero que debía devolverse en un plazo máximo de diez días si la oferta no resultaba ganadora.
Una de las compañías interesadas, Pescados Barlovento S.L., realizó el ingreso solicitado en la cuenta indicada por la notaria.
Sin embargo, esa cuenta estaba a nombre de la propia fedataria, y no en una cuenta separada o de consignación vinculada al procedimiento.
En el momento de exigir el pago, la notaria ya arrastraba importantes deudas y procedimientos judiciales en su contra, lo que hacía posible que el dinero quedara afectado por embargos para saldar esas obligaciones.
Finalmente, la empresa no resultó adjudicataria de la nave industrial y reclamó la devolución del depósito.
Según recoge la sentencia, la notaria alegó distintos motivos para justificar que no podía cerrar el acta de la subasta ni proceder al reintegro del dinero.
El importe no fue devuelto durante años, lo que llevó a la empresa afectada a iniciar acciones judiciales.
La resolución judicial considera probado que la acusada recibió el dinero con la obligación de devolverlo y que permitió que los fondos fueran utilizados para atender sus propias deudas, lo que constituye apropiación indebida.
El tribunal también tuvo en cuenta la cuantía defraudada, superior a 70.000 euros, para agravar el delito.
La empresa perjudicada no recuperó el dinero hasta seis años después, cuando la aseguradora de responsabilidad civil de la notaria se hizo cargo del pago.
Además de la pena de prisión, la sentencia impone a la condenada la inhabilitación especial para ejercer como notaria durante el mismo periodo de dos años y tres meses, así como el pago de una multa y las costas procesales.
El TSJA ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la defensa, confirmando en todos sus términos la condena dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz.
