La Fiscalía de Madrid solicita cinco años de prisión para Kiko Matamoros por la presunta comisión de delitos vinculados al ocultamiento de patrimonio y al impago de deudas tributarias que superan el millón de euros.
El juicio se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid. En el banquillo también se sentará su exmujer, María José Giaever, conocida como Makoke, para quien se solicita una pena de cuatro años de prisión.
El Ministerio Público entiende que los hechos encajan en un delito de alzamiento de bienes y otro de ocultación de bienes en procedimiento de ejecución.
Por ello, reclama para Matamoros 5 años de prisión y una multa de 22 meses, además de otros seis meses de cárcel por el segundo delito.
Para Makoke, a quien el fiscal atribuye el papel de cooperadora necesaria, solicita 4 años de prisión y una multa de veinte meses y quince días.
Según el escrito de acusación, el principal acusado habría obtenido entre 2009 y 2014 elevados ingresos por su trabajo en televisión, prensa del corazón y actos públicos, pero evitó declarar estas rentas y habría puesto en marcha un sistema para ocultar su patrimonio.
Para ello, presuntamente recurrió a sociedades interpuestas —principalmente Salto Mortal S.L. y Silla del Ring S.L.— que emitían facturas por trabajos que, en realidad, realizaba personalmente.
De acuerdo con la Fiscalía, estas empresas carecían de estructura real y se utilizaban únicamente para canalizar ingresos y dificultar el control de la Agencia Tributaria.
El escrito sostiene que los ingresos se ingresaban en cuentas de dichas sociedades, desde las que el acusado efectuaba retiradas en efectivo, transferencias a terceros o pagos de gastos personales.
Entre 2011 y 2015, una de estas cuentas llegó a recibir más de 900.000 euros, de los que la mayor parte habría sido retirada para uso particular.
La Fiscalía también sostiene que el acusado, con la colaboración de su entonces pareja y posterior esposa, habría ocultado presuntamente la titularidad real de una vivienda en Pozuelo de Alarcón valorada en más de 1,3 millones de euros.
Aunque el inmueble figuraba formalmente a nombre de ella, los pagos del préstamo hipotecario se habrían realizado principalmente con fondos procedentes del acusado o de las sociedades que controlaba.
Como resultado de estas actuaciones, la deuda tributaria generada entre 2009 y 2014 asciende, según la acusación, a 1.086.597 euros, incluyendo cuotas, intereses y sanciones.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que ambos acusados indemnicen a la Agencia Tributaria con 471.900 euros por las cantidades destinadas al pago de la vivienda, además de otros importes relacionados con retiradas de efectivo y gastos personales.
