El Tribunal Supremo se asoma a un verano de transición acelerada. Entre el 17 de junio y el 5 de septiembre de 2026, cuatro magistrados alcanzarán la edad reglamentaria de jubilación —72 años— dejando vacantes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá cubrir con urgencia y con el foco mediático encima.
Tres de las salidas se producen en la Sala de lo Penal. Andrés Palomo del Arco se jubila el 17 de junio; apenas cinco días después, el 22, le sigue Ángel Luis Hurtado Adrián, el magistrado instructor de la causa contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El último en marcharse, el 5 de septiembre, será Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
La Sala de lo Penal es, hoy, la más expuesta del Supremo: tiene sobre la mesa algunos de los procesos penales de mayor calado político y social del país.
Tres vacantes simultáneas en apenas tres meses constituyen una presión institucional sin precedentes recientes.
La cuarta baja, quizás la más compleja en términos orgánicos, es la de Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que cesa el 13 de julio.
Su marcha no solo deja una plaza de magistrado: deja acéfala la presidencia de una sala que concentra el control jurisdiccional sobre la Administración del Estado.
Pablo Lucas Murillo ha sido presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo en total 3 años y 4 meses hasta hoy: en funciones desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 23 de julio de 2025 (2 años, 6 meses y 23 días), y oficial desde esa fecha (9 meses y 5 días más).
La interinidad en la presidencia se produjo cuando el presidente de la Sala, César Tolosa, fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, dejando la vacante que Lucas cubrió interinamente hasta que el bloqueo del CGPJ se resolvió con su elección definitiva (16 votos a favor).
Con su salida posiblemente regresará la candidatura de la magistrada Pilar Teso, que optó a presidir esa sala.
Para el CGPJ, el calendario es un examen de madurez institucional. Los nombramientos de magistrados del Supremo son de los más escrutados —y más disputados— del sistema judicial español.
La capacidad del órgano de gobierno de los jueces para resolver estas cuatro vacantes con celeridad, criterio técnico y sin fracturas políticas marcará, en buena medida, el tono de la judicatura en la segunda mitad de la legislatura.
El panorama de las jubilaciones en el Supremo no es, sin embargo, el único frente abierto para el Consejo General del Poder Judicial.
Entre enero y julio de 2026, el órgano de gobierno de los jueces tiene pendiente resolver un total de 15 nombramientos discrecionales de alto rango, distribuidos en tres fases de tramitación.
Cuatro expedientes están ya maduros —tramitados y solo pendientes de resolución formal—, y acumulan una espera que empieza a ser incómoda: dos plazas de magistrado en la Sala Quinta del Supremo por turno de carrera judicial, una en la Sala Segunda por turno de juristas, y la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres.
A ellas se suma una plaza en la Sala de lo Civil y Penal del TSX de Galicia, para la que ya está solicitada la terna autonómica.
El bloque más voluminoso lo forman las diez plazas publicadas y en tramitación.
Entre ellas destacan, por su peso institucional, las presidencias de los tribunales superiores de justicia del País Vasco y Canarias.
Mañana comparecen telemáticamente ante la Comisión de Calificación los tres candidatos al TSJ de Canarias: Juan Avello Formoso, presidente del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria; Jaime Borrás Moya, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias (sede de Las Palmas de Gran Canaria) y Juan Luis Lorenzo Bragado, presidente saliente del TSJ de Canarias, que opta a un segundo mandato.
Los candidatos a la presidencia le TSJ del País Vasco son Ignacio Subijana Zunzunegui, presidente saliente, y Aner Uriarte Codón, presidente del Tribunal Superior de Instancia de Bilbao.
A estas se suman tres presidencias de sala de lo social —Baleares, Andalucía-Sevilla y País Vasco— y cinco presidencias de audiencias provinciales: Granada, Cantabria, Ciudad Real, Almería y Salamanca.
La suma es elocuente: el CGPJ debe gestionar, antes del verano, quince nombramientos discrecionales de primer nivel, más los cuatro que dejarán vacantes las jubilaciones en el Supremo.
Un calendario que no admite dilaciones y que pone a prueba, una vez más, la capacidad del Consejo para separar la política de la toga.
