Citas judiciales que no existen. Precedentes que nadie dictó. Jurisprudencia fabricada por una máquina, firmada por una fiscal y reproducida, sin pestañear, por un juez en una resolución que negaba a una mujer condenada a cadena perpetua el derecho a un nuevo juicio.
Eso ocurrió en el estado de Georgia, Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo de dicho estado, acaba de pasar factura.
Ha anulado este lunes el auto que rechazaba el recurso de Hannah Renee Payne —condenada a prisión perpetua más 13 años por asesinato, detención ilegal y posesión de arma durante la comisión de un delito— después de descubrir que tanto los escritos de la Fiscalía como la propia resolución judicial estaban plagados de citas inventadas por una herramienta de inteligencia artificial generativa.
La decisión, firmada por el juez ponente, Benjamin Land, es una de las advertencias judiciales más contundentes que se han producido en Estados Unidos sobre el uso irresponsable de la IA en los tribunales.
El mecanismo del fraude fue sencillo
La fiscal adjunta del condado de Clayton, Deborah Leslie, utilizó inteligencia artificial generativa para redactar los escritos de oposición al recurso de nuevo juicio presentado por la defensa de Payne.
También empleó esa misma herramienta para elaborar el borrador de resolución que remitió al juez de instancia.
Nadie verificó las citas. El juez de primera instancia adoptó casi íntegramente la propuesta de Leslie, citas ficticias incluidas, para denegar la solicitud de Payne.
El Supremo de Georgia, al revisar el caso, encontró lo que el juez Land describió sin eufemismos: «numerosas citas de casos ficticios o mal atribuidos».
Su conclusión fue igualmente directa: «Citar casos que no existen o que no apoyan la proposición para la que se citan viola las normas de este tribunal y está muy por debajo de la conducta que esperamos de los abogados de Georgia».
Y así, una resolución judicial en un caso de máxima gravedad quedó construida sobre jurisprudencia que, en una parte significativa, sencillamente no existía.
Las irregularidades salieron a la luz después de la vista oral celebrada el 18 de marzo de 2026. Dos días más tarde, el Supremo de Georgia requirió a la Fiscalía que explicara cómo nueve referencias jurídicas inexistentes o incorrectamente atribuidas habían acabado dentro de una resolución dictada en septiembre de 2025.
La respuesta de la fiscal Leslie fue la confesión y sus disculpas por no haber verificado de forma independiente las citas generadas por la IA.
Reconoció haber usado IA y no haber comprobado las fuentes. Y a medida que el tribunal fue tirando del hilo, el número de errores creció.
Primero fueron 9. Luego 12 más ante el tribunal inferior. Y finalmente, la fiscal adjunta Leslie retiró varias de las autoridades citadas ante el propio Supremo por no corresponder a jurisprudencia real o por no respaldar las afirmaciones para las que habían sido invocadas.
21 errores, en un caso de cadena perpetua
El Tribunal Supremo no prohíbe el uso de inteligencia artificial por parte de los abogados ni de los fiscales —eso lo deja claro desde el primer momento— pero recuerda que citar sentencias que no existen vulnera las reglas profesionales y procesales aplicables en Georgia.
Y pone el acento en algo que va más allá del tecnicismo: la magnitud de los errores y la ausencia de cualquier verificación independiente obligaron al tribunal a consumir «tiempo y recursos significativos» para detectar la conducta y decidir cómo responder.
La disculpa de la fiscal adjunta no evitó la sanción. Que ha sido doble y, en su segundo componente, poco habitual.
Primero, la Corte amonesta formalmente a Deborah Leslie y le inhabilita durante seis meses para actuar ante el Tribunal Supremo de Georgia.
Para recuperar esa habilitación deberá acreditar 12 horas de formación adicional en ética profesional, redacción jurídica y uso adecuado de la inteligencia artificial en el ámbito judicial.
Segundo —y aquí entra la discrepancia— la amonestación se extiende también a la Fiscalía del condado de Clayton como institución, extremo que las juezas LaGrua y Colvin, que formaron parte del tribunal del caso rechazaron en su voto particular discrepante; ambas consideran que la fiscal jefe actuó con diligencia una vez conocidos los hechos y que la responsabilidad no puede trasladarse al conjunto de la oficina.
El Supremo anuló la resolución y devolvió el caso al juez de instancia con instrucciones explícitas: emitir una nueva resolución, esta vez sin citas inventadas.
Los jueces del Supremo de Georgia aprovecharon también para lanzar una advertencia general a todos los jueces del estado: al revisar propuestas de resolución elaboradas por las partes, deben hacerlo «con la comprensión de que puede haberse utilizado software de inteligencia artificial, con todos sus riesgos y beneficios potenciales».
Andrew Fleischman, abogado de Payne, no ocultó su frustración. «Hannah Payne tiene argumentos sólidos para el recurso. Es una lástima que la mala praxis del Estado esté retrasando ahora su oportunidad de que esos argumentos sean resueltos», declaró.
Una condena a perpetua. Un recurso legítimo. Y una fiscal que confió en una máquina sin preguntarle si decía la verdad.
El mensaje es nítido. En una sala de justicia, la jurisprudencia no puede ser una alucinación.
