El Colegio de Registradores y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) han aunado fuerzas este miércoles para analizar y debatir el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Un proyecto normativo que, tal y como lamentan, nace sin diálogo, pero que sí puede suponer un cambio de relevancia en el sector. Especialmente, de cara a la prevención del blanqueo de capitales.
Este miércoles, la sede de la Abogacía en Madrid, en pleno Paseo de la Castellana, ha sido la sede de encuentro entre el Colegio de Registradores y el CGAE, con un claro objetivo: analizar conjuntamente el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.
Una norma centrada en «la prevención, detección y sanción de irregularidades, incluyendo la creación de una Agencia Independiente», en lucha contra, entre otros, el fraude, la recuperación de activos, o el blanqueo de los capitales.
Encuentro que ha sido protagonizado por Rafael Perea, Jesús Pellón, Ainhoa Goño, Luis Fernández del Pozo y Jesús Quijano.
Así, ha sido Jesús Quijano, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid el primero en dar su valoración al respecto de la norma. Y ha sido claro: «la forma y el procedimiento que se están planteando, yo creo que se merecían otro tratamiento. Es una normativa que me sorprende que se haya realizado sin diálogo», ha expuesto.
Un punto que, sin embargo, no ha hecho que el profesional no reconozca la necesidad de esta nueva normativa. Algo en lo que coincidían todos los ponentes.
«El sistema actual no funciona», valoraba, en apoyo, el registrador mercantil Luis Fernández del Pozo.
El cambio en la Integridad Pública
Así, Fernández del Pozo ponía el foco en las deficiencias del actual sistema. Especialmente, entorno al libro de registro de socios.
Libros de registro que solamente se encuentran legalizados y actualizados en un bajo 7%, según el experto, lo que hace muy difícil conocer quién es realmente el titular legítimo de las participaciones de una sociedad. Algo que cambiará con la seguridad del Registro de Propiedad, donde cualquier comprador puede comprobar el estado de una compra.
Por su parte, Jesús Quijano, aseguraba en cuanto al libro de registro que en la práctica «se lleva mal», considerando positivo avanzar hacia la inscripción en el Registro Mercantil. También defendió que el acceso de documentos privados al Registro no debería ser excluyente y sugirió extender medidas similares a las sociedades anónimas no cotizadas.
Por su parte, Jesús Pellón, consejero y presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía Española, respaldaba aquellas medidas encaminadas a mejorar la agilidad, la eficacia y las garantías jurídicas del sistema.
En concreto, el consejero subrayaba el papel de los abogados en el asesoramiento de las transmisiones de activos, en relación al modelo propuesto por el anteproyecto de Integridad Pública.
Eso sí, reconociendo las dificultades que plantea actualmente la normativa de prevención del blanqueo de capitales, que calificó de imprecisa, ambigua, extensa y, en ocasiones, contradictoria, hasta el punto de generar “una inseguridad jurídica enorme”.
En este contexto, defendió que la inscripción de participaciones en el Registro Mercantil no solo aporta seguridad jurídica, sino “certeza jurídica”.
Rafael Perea, abogado y socio del área Mercantil de Andersen, situó la reforma dentro de los objetivos europeos de lucha contra el blanqueo de capitales y destacó la importancia de avanzar hacia un sistema que permita identificar a todos los titulares de las entidades.
Todos los participantes coincidieron en la necesidad de abordar el carácter constitutivo de la inscripción en el Registro Mercantil, así como de aclarar su alcance y sus consecuencias jurídicas.
Ello, reconociendo los participantes que, pese a que las nuevas normativas buscan mayor control, transparencia y legalidad en este tipo de transacciones, lo cierto es que el blanqueo de capitales está lejos de cumplir con las normas. Especialmente, en cuanto al libro de registro de socios.
