Tres reales academias. Solo un nombre las reúne hoy en España: Santiago Muñoz Machado. Ayer por la tarde, el director de la Real Academia Española (RAE) ingresó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (RAJyLE), donde ocupa desde ahora la medalla número 19, vacante desde que Lorenzo Martín Retortillo pasó a ser académico emérito.
Con este paso, Muñoz Machado —catedrático de Derecho Administrativo, abogado, escritor e historiador— se convierte en el único intelectual que pertenece a la vez a tres de las reales academias del Instituto de España: además de la RAJyLE, es miembro de la RAE desde 2013 y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2012.
En su discurso de ingreso, titulado El poder y el Derecho Administrativo de nuestro tiempo, le respondió en nombre de la corporación —que preside Luis María Cazorla Prieto— el jurista Tomás Ramón Fernández Rodríguez.
El acto reunió a una nómina extraordinaria: la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, expresidentes del Tribunal Constitucional y del Supremo, consejeros de Estado —entre ellos Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución— y un largo etcétera de académicos, catedráticos y representantes del mundo jurídico iberoamericano.
La idea de fondo: dos siglos de control al poder, hoy en jaque
El discurso, en el fondo, contó una historia. La de cómo el Estado moderno —el que nace con la Revolución Francesa y, en España, con la Constitución de 1812— acumuló enseguida un poder enorme.
Tanto, recordó Muñoz Machado citando a Tocqueville, que ni los reyes de Europa lo habían tenido: para encontrar algo parecido había que remontarse al Imperio romano.
La Administración no solo asumía cada vez más competencias; podía además dictar normas y tomar decisiones que el ciudadano, sencillamente, no podía resistir.
Frente a ese gigante surgió, desde el siglo XIX, el Derecho Administrativo: la rama jurídica encargada de ponerle límites.
Su gran conquista —fruto del trabajo de generaciones de juristas durante dos siglos— fue lograr que la Administración quedara plenamente sometida a la ley y que los derechos de los ciudadanos estuvieran protegidos frente a sus abusos.
Ahora bien, advirtió el académico, toda esa arquitectura está hoy amenazada. ¿Por qué? Por la revolución digital y, sobre todo, por la inteligencia artificial.
Muchas de las herramientas pensadas para vigilar el poder ya no sirven igual. El problema, además, es global: no basta con leyes nacionales. Derechos fundamentales como la intimidad, la protección de datos, la libertad de expresión o la propiedad intelectual están en juego.
Su receta pasa por repensarlo casi todo: nuevos procedimientos que garanticen transparencia y control sobre los algoritmos que sostienen los sistemas de IA, y remedios para la brecha digital que ya sufren quienes tienen dificultades para acceder a esta tecnología.
El cierre fue, pese a todo, optimista. Pero con una advertencia que conviene no perder de vista: el desafío se parece al que afrontaron las generaciones posteriores a la Revolución Francesa cuando trataron de someter al poder público. Solo que ahora el adversario es distinto.
Son poderes privados, sin legitimidad democrática, que pretenden imponerse al propio Estado.
