Un año después de su entrada en vigor, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia «se sentó», este martes, en el banquillo. Y quienes la sentaron allí no fueron políticos, sino quienes la viven y la padecen cada día.
En la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, dentro de la jornada «Un año de la Ley de Eficiencia #RevisiónYa» organizada por el Grupo Parlamentario Popular, cuatro de las principales voces de la profesión jurídica coincidieron en un veredicto duro: la reforma, concebida para agilizar, ha terminado enlenteciendo la justicia, por ahora.
La mesa, titulada «El diagnóstico de los profesionales sobre los cambios operados por la LO 1/2025», estuvo moderada por Ana Sánchez, adjunta al director de ABC, que abrió con una pregunta que sobrevoló toda la sesión: ¿por qué una ley para la eficiencia ha acabado trayendo, como mínimo, ineficiencias?
Salvador González, CGAE: «Somos la primera oficina judicial que visita un ciudadano»
El primero en tomar la palabra fue Salvador González Martín, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Antes de entrar en materia, marcó distancia con el tono político que había precedido a la mesa: recordó que se trataba de un foro profesional y no del lugar para atacar a las instituciones con las que la abogacía se relaciona a diario.
Hecha la advertencia, González reivindicó el papel de los 150.000 abogados del país como termómetro de la justicia real. «Somos la primera oficina judicial que visita un ciudadano y la primera en la que se queja ante cualquier disfunción», afirmó.
La abogacía, recordó, ya advirtió antes de la entrada en vigor de que la ley podía ser una gran oportunidad, pero con una condición que repitió con énfasis: una justicia eficiente nunca puede ser una justicia inaccesible para la ciudadanía.
El presidente de la Abogacía reprochó que la transformación de 3.800 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia se haya abordado como si fuera un cambio «estético», cuando afecta a la planta, la organización, la tecnología y los medios personales y materiales.
El resultado, enumeró, ha sido una implantación con problemas informáticos, descoordinación, retrasos y, sobre todo, falta de homogeneidad: «Las dobles velocidades en la justicia nunca son recomendables».
González evitó, eso sí, instalarse en el reproche. «Ya no es te lo dije», zanjó, antes de detallar el nuevo paquete de medidas que la Abogacía ha trasladado al Poder Judicial.
La más urgente: la constitución de la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, prevista en la propia ley y que, más de un año después, sigue sin crearse.
Reclamó además la digitalización completa de los procedimientos, una dotación adecuada de plazas judiciales y una verdadera monitorización de los tiempos de respuesta.
Cerró con un dato del esfuerzo propio: más de 23.000 profesionales se han formado en el último año en el programa UPRO, de competencias digitales, organizado por el CGAE.
La procura: «Hemos cambiado de nombre los juzgados en la puerta, pero dentro seguimos igual»
Alberto García Barrenechea, presidente del Consejo General de los Procuradores de España, suscribió punto por punto el diagnóstico de su antecesor —no sin disputarle, con humor, la primacía de quién sufre antes los problemas de la justicia— y ordenó su balance en dos planos: la ley en sí y su implementación.
De la norma rescató tres virtudes. La creación de cerca de 700 plazas de jueces, aunque con una objeción de calado: esos jueces no empezarán a trabajar hasta 2028 o 2029, cuando el colapso será ya mayor.
«Quizás habría sido a la inversa: creemos primero los jueces y después modifiquemos la ley», apuntó.
Valoró también la futura unificación de criterios entre los tribunales de instancia y, «hablando de mi libro», las nuevas posibilidades de la procura en los actos de ejecución, una vieja aspiración que en los 105 países del derecho comparado donde ya existen agentes de ejecución ha reducido sustancialmente los plazos.
El reverso fue más extenso. El primer problema, la ausencia de expediente digital: «Me parece muy poco que el motor sea fantástico si yo no tengo ruedas en el coche».
Casi la mitad del territorio nacional, recordó, no lo tiene implantado. La imagen con la que lo resumió fue demoledora: juzgados que han cambiado el rótulo de la puerta y los funcionarios, pero que por dentro siguen con cajas de expedientes apiladas al fondo.
Su crítica más afilada fue para los MASC. García Barrenechea aclaró que no se opone a los medios adecuados de solución de controversias, sino a su regulación como mero requisito de admisibilidad. El efecto, denunció, es la inseguridad jurídica pura: un mismo MASC le ha valido en siete juzgados y se lo han rechazado en otro.
Hay ya sentencias en Huelva que apuntan a una posible inconstitucionalidad. El resultado, lejos de beneficiar al justiciable, es «más pérdida de tiempo, más colapso y muchas inadmisiones».
En la implementación no encontró bondad alguna. «Los juzgados están mucho peor que hace un año, así de sencillo», sentenció.
Lo ilustró con un episodio que rozó lo esperpéntico: en los juzgados de Guadalajara llegó a colocarse un cartel que prohibía la entrada a abogados y procuradores, desbordado el personal por la imposibilidad de localizar los procedimientos.
«Eso no se puede consentir de ninguna de las maneras», protestó, antes de recordar que un 57% de los funcionarios de la Audiencia Nacional son interinos.
Los letrados: una «reforma copernicana» en un plazo imposible
Ernesto Casado Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, aportó la perspectiva de quienes, dijo, ven «la otra cara de la moneda». Reivindicó que su colectivo lleva más de veinte años promoviendo una reforma de este tipo, organizada a través de servicios comunes, por lo que su crítica no era al modelo, sino a su ejecución.
Y la ejecución la calificó sin rodeos como «caótica». Pidió desde el principio ampliar el plazo transitorio, porque resultaba «incorrecto hacer una previsión tan corta para promover una reforma copernicana del sistema de justicia».
El despliegue, denunció, ha sido «tardío, desigual e irregular», y en el territorio del Ministerio (Comunidades Autónomas de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Baleares) —apenas el 20% de la justicia, frente al 80% transferido a las comunidades— la aplicación a marchas forzadas del 1 de enero resultó directamente «atropellada».
El gran déficit estructural, coincidió con los anteriores, es el expediente judicial electrónico, una obligación que arranca de la derogada Ley 18/2011 y que debía estar cumplida en 2016: «Ahora estamos en 2026 y seguimos con deficiencias importantes».
A ello sumó la falta de coordinación nacional —ilustrada con dos servicios comunes de ejecución penal, Málaga y Gerona, trabajando bien pero de espaldas el uno al otro— y reclamó la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Justicia y la creación de una Comisión Jurídica Asesora que resuelva de forma centralizada los conflictos de implantación.
Casado deslizó además un reproche corporativo al ministro Félix Bolaños: en la entrega de despachos a la última promoción habló de crear 700 plazas de jueces y fiscales sin mencionar a los letrados de la Administración de Justicia, de los que hay unos 850 puestos sin cubrir por titulares sobre los 4.500 existentes, con las jubilaciones duplicándose respecto al año anterior.
«Eliminarnos por inanición» fue la expresión con la que describió el riesgo.
CSIF: «Estábamos tranquilamente en los juzgados y nos vino el asteroide»
Cerró la mesa Javier Jordán de Urries, de CSIF Justicia, el sindicato mayoritario entre los funcionarios. Zanjó con ironía la disputa sobre quién sufre primero los problemas de la justicia: «Estábamos todos tranquilamente en los juzgados y de repente nos vino el asteroide. Quién fue el primero, quién el último, carece de todo sentido: nos ha impactado a todos por igual».
Su diagnóstico apuntó a las relaciones funcionales dentro de la oficina y a unos perfiles profesionales anclados en definiciones de 1981 y 2003, ajenos a la robotización y al cambio tecnológico.
Pero el problema de fondo, insistió, fue el plazo: no se puede implantar un cambio tan radical en un año. El resultado, lo comparó con «el camarote de los hermanos Marx» —una aglomeración de trámites, modificaciones y procesos selectivos solapados.
Jordán describió un diseño organizativo construido al revés: se negociaban las relaciones de puestos de trabajo y se elaboraban los protocolos de actuación al mismo tiempo que se seleccionaba a los directivos que debían dirigir esas oficinas. «Blanco y en botella», repitió.
El resultado, gente que dejó de concursar porque no sabía en qué consistía el puesto, jefaturas vacantes u ocupadas por interinos, y directores que se presentaron a sus equipos por correo electrónico pidiendo datos personales antes de saludar.
Rompió, eso sí, una lanza por las administraciones prestacionales, que «han trabajado mucho» pese a las críticas, y propuso una salida que no llegó a cuajar: haber reconocido públicamente el 22 de diciembre el esfuerzo realizado y, a la vez, admitir que faltaban cosas, echando mano del plazo de seis meses. Reclamó cogobernanza —»para eso sirve, para coordinarse entre administraciones»— y un equilibrio entre eficiencia y garantías procesales.
Su cierre fue el testimonio de un compañero de Teruel, treinta años en ejecución: «Esto se va a colapsar en mes y medio. Yo ya no voy a hacer más».
Un diagnóstico compartido
Más allá de los matices propios de cada colectivo, las cuatro intervenciones dibujaron un retrato sorprendentemente coincidente: una ley con un diseño defendible pero una implantación precipitada, sin el expediente digital que la sostiene, sin los medios personales que la hacen viable y sin la coordinación nacional que evitaría las dobles velocidades.
La moderadora cerró agradeciendo la «disposición constructiva» de los ponentes a señalar dónde intervenir «si hay voluntad política para subsanarlo». La sesión, reconoció, habría dado para dos horas más.
