El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha movido ficha. Y lo ha hecho en el momento decisivo. La institución que agrupa a los procuradores españoles ha lanzado un llamamiento a los grupos parlamentarios —sin distinción de color político— para que cierren un acuerdo de máximos en la recta final de la tramitación de la Proposición de Ley que modifica la Ley General de la Seguridad Social en materia de mutualidades alternativas, un texto que ahora mismo se cuece en el Senado.
El mensaje, en el fondo, es nítido: no se puede dejar pasar el tren. La Procura habla, sin ambages, de una «oportunidad histórica» para enmendar un agravio que ha lastrado durante décadas la vida profesional de miles de personas.
Conviene situarse. Durante años —muchos—, la abogacía y la procura que cotizaron en mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), amparándose en la normativa que regía en cada momento, han venido reclamando una salida.
Lo hicieron, recuerda el Consejo, conforme a las reglas del juego vigentes en cada etapa. Y, sin embargo, hoy muchos de ellos —procuradores con trayectorias largas, a veces de toda una vida— se topan con pensiones raquíticas y una protección social que sencillamente no llega.
De ahí la exigencia de que los poderes públicos intervengan. Y que lo hagan de verdad.
El CGPE no regatea elogios a lo conseguido hasta ahora. Reconoce los avances de la tramitación parlamentaria y celebra, en particular, que se haya admitido la necesidad de articular una pasarela al RETA: un «hito largamente reivindicado por los profesionales afectados», en palabras de la propia institución.
Aplaude también que hayan caído por el camino ciertas restricciones que amenazaban con dejar en la cuneta a mutualistas que, objetivamente, merecían amparo.
Hay que afinar el texto
Ahora bien —y aquí está el matiz—, el Consejo no se da por satisfecho. Considera que el texto todavía tiene margen para afinar su vocación reparadora.
La futura norma, advierte, debe asegurar que la pasarela cumpla aquello para lo que nació: corregir desprotecciones acumuladas durante décadas y ofrecer una respuesta real, efectiva y equitativa a quienes confiaron, de buena fe, en los sistemas de previsión que el propio Estado permitía.
¿El núcleo del asunto? La seguridad jurídica. El CGPE pone el dedo en la llaga al señalar que la conversión de los derechos económicos acumulados en periodos cotizados al sistema público tiene que blindarse al máximo.
Nada de incertidumbres. Nada de que dos profesionales con trayectorias calcadas acaben recibiendo un trato distinto. Esa equidad, viene a decir el Consejo, es la condición misma de que la medida funcione.
Por eso el órgano de gobierno de los procuradores apela a los grupos a trabajar —tanto en el Senado como en la posterior ratificación en el Congreso— desde el diálogo, la responsabilidad institucional y la cultura del consenso.
«Estamos ante una oportunidad histórica para reparar una situación que ha marcado la vida profesional de miles de personas. Por encima de las diferencias políticas, debe prevalecer un objetivo común: una pasarela al RETA justa, inclusiva y eficaz, sin exclusiones injustificadas», remacha el Consejo.
La conclusión, en su lectura, no admite medias tintas: la reforma debe alinearse con la equidad, la seguridad jurídica y la protección social. Tres pilares. Sin ellos, sostiene la Procura, no habrá respuesta a la altura de quienes ejercieron su profesión bajo el paraguas de las mutualidades alternativas.
