Madrid acogió ayer la entrega de la XIII edición de los Premios Calidad de la Justicia, el galardón con el que el Consejo General del Poder Judicial (CGAE) reconoce, desde 2009, a los órganos judiciales y a las entidades vinculadas a la Administración de Justicia que destacan por mejorar el servicio público.
El jurado, reunido el 11 de mayo de 2026, acordó por unanimidad distinguir siete candidaturas. Y todas comparten un mismo hilo conductor: el despliegue de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia.
Lo dejó claro el presidente del jurado y vocal del CGPJ, Luis Martín Contreras, en la clausura.
La intervención institucional de apertura corrió a cargo de la vocal del CGPJ y miembro del jurado Esther Erice, que reivindicó el valor de quienes aportan ese «plus» de implicación personal más allá de lo estrictamente obligado, y reclamó mayor colaboración entre tribunales, servicios y profesionales para dar una respuesta efectiva a la ciudadanía.
Los proyectos premiados este año tienen como nexo común su vinculación con la nueva ley de eficiencia, la culminación de un diseño que ya apuntaba la LOPJ de 1985 y que, subrayó, ha sido cincelada por todos los gobiernos que han dirigido el Ministerio de Justicia desde entonces. Una ley de consenso, por tanto, cuyo espíritu es la racionalización y la mejor distribución de los recursos disponibles.
El certamen mantiene su arquitectura clásica: tres modalidades —justicia más accesible, más eficaz y más transparente— y, dentro de cada una, dos categorías, según se trate de órganos y oficinas judiciales o de entidades y organismos relacionados con la Administración de Justicia.
El palmarés
En la modalidad de justicia más transparente, categoría de órgano judicial, el premio recayó en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por su proyecto de promoción de la mediación intrajudicial, buenas prácticas y divulgación del derecho colectivo, desarrollado junto con la Fundación SIMA.
Recogieron el galardón Ramón Gallo Llanos, presidente de la Sala, y Marta Jaureguizar, letrada de la Administración de Justicia.
La filosofía del proyecto, explicada por sus impulsores, es nítida: cuando la Sala aprecia que un conflicto colectivo puede resolverse mejor por mediación o arbitraje, lo traslada a las partes para agilizar los juicios y dar una solución más eficaz al principal procedimiento que se ventila ante ella.
El galardón a la justicia más accesible en la categoría de órgano judicial fue para el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, por el proyecto «Cuidar de quienes nos cuidan».
Lo recogió su magistrado presidente, Juan Avelló Formoso, acompañado de la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elisabeth Hernández,, y del magistrado especialista de lo Social Javier Ercilla García.
La iniciativa nació de una idea sencilla y poderosa: que los médicos comunitarios agredidos no renunciaran a denunciar por el desánimo de un entorno judicial hostil, articulando un cauce que sirviera no a un solo profesional, sino a todos.
La justicia más eficaz, en la misma categoría, distinguió a la Secretaría de Coordinación de Girona por sus acuerdos organizativos: una colección de cerca de 400 acuerdos de soft law que permiten a jueces, fiscales, abogacía del Estado y resto de operadores trabajar con patrones comunes, haciendo que toda la maquinaria judicial se aplique de manera más rápida y sencilla.
Recogió el premio el secretario coordinador provincial, José Francisco Escudero Moratalla y Daniel Corchete, funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal.
En la categoría de entidades y organismos, la justicia más accesible premió a la Dirección General de Justicia y Autogobierno y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante por su Unidad de Valoración Forense Integral de la Infancia y la Adolescencia.
Recogieron el galardón la consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez Sánchez, y la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante, Mar Pastor Bravo.
El objetivo, según relataron sus responsables, es que el menor víctima de un hecho traumático no sufra un daño mayor al pasar por el sistema judicial: las exploraciones se realizan fuera del Palacio de Justicia, en un entorno amable y siempre con las mismas tres profesionales —psicología, trabajo social y medicina forense.
La Justicia más eficaz entre las entidades fue para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña y el Departamento de Justicia de la Generalitat, por la Guardia Médico-Forense exclusiva de Violencias Sexuales de Barcelona.
El proyecto, que permite dedicar equipos en exclusiva a la atención de las víctimas, ha reducido la victimización secundaria y la coincidencia con otras actuaciones, según expusieron sus responsables.
Recogieron el premio Eneko Barbería, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña, Alexandre Xifró, subdirector, e Iolanda Aguilar, secretaria para la Administración de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña.
Y la justicia más transparente en esta misma categoría recayó en la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Aitor Cubo, por su proyecto de hiperautomatización del proceso monitorio.
Recogió el galardón el propio ministro Félix Bolaños, junto al director general de Transformación Digital. El proyecto combina robotización e inteligencia artificial para tramitar reclamaciones económicas que antes se redactaban «con literatura cervantina», y que ya ha gestionado cientos de miles de expedientes acortando notablemente los plazos.
Una justicia que «no solo debe hacerse, sino verse que se hace»
Martín Contreras cerró el acto recuperando una máxima clásica Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pura doctrina: «la justicia no solo debe hacerse, sino que debe verse que se hace».
Una reflexión que, dijo, resume una de las claves del certamen: premiar no solo las decisiones correctas, sino los procesos transparentes, comprensibles y cercanos.
Reconoció que el CGPJ descubre a menudo que el ciudadano no percibe el resultado de su esfuerzo —»ni siquiera conoce nuestra existencia»— y advirtió de que la Administración de Justicia no puede seguir encapsulada y de espaldas a la ciudadanía.
Sobre el despliegue de la LO 1/2025, el presidente del jurado fue prudente pero optimista: pese a excepciones puntuales en aquellos órganos donde la digitalización no estaba preparada, ya puede hablarse de un despliegue razonable y normalizado, aunque reconoció que quedan cosas por hacer y reclamó «un tiempo de cortesía» para culminarlo.
