El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas corporaciones, con asistencia mutua en las salas, canales telefónicos específicos y uso compartido de medios materiales. Una cooperación entre procura y abogacía que busca mejorar el servicio a la ciudadanía y la agilización en las sedes judiciales.
Un acuerdo marco de colaboración institucional para optimizar la atención en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.
Así se define el convenio que han firmado esta semana el ICAM y el ICPM, y que diseña un «marco estable de cooperación operativa y logística» entre procuradores y abogados de Madrid.
En concreto, este acuerdo contempla medidas como la asistencia recíproca en sedes judiciales, el préstamo de togas a profesionales de la procura y la abogacía en distintas dependencias judiciales, la habilitación de extensiones telefónicas específicas para agilizar las consultas entre profesionales, o el uso compartido de equipos informáticos.
Todo ello, en busca de una mejora y agilización de los servicios judiciales a la ciudadanía por parte de ambas corporaciones.
Un acuerdo que han firmado la decana de la procura madrileña, Carmen Giménez Cardona, y el decano de la abogacía de Madrid, Eugenio Ribón.
La autonomía del ICAM y la Procura
Un acuerdo que no sólo contempla esta cooperación en el día a día de procuradores y abogados, sino también la creación de una comisión que supervise el desarrollo de las medidas propuestas por ICAM e ICPM.
En concreto, este acuerdo contempla la creación de la Comisión Mixta de Seguimiento, de carácter paritario y consultivo. Una comisión que se encargará de supervisar el desarrollo de las medidas pactadas, canalizar incidencias y proponer mejoras operativas.
Sin embargo, esta coordinación no supondrá una pérdida de autonomía ni de identidad de ninguna de las dos instituciones firmantes.
Así pues, según este acuerdo, la colaboración se desarrollará con pleno respeto a la autonomía, identidad corporativa e independencia de cada colegio. Y, por tanto, no habrá cesión de competencias, creación de una nueva entidad ni alteración de sus respectivas estructuras organizativas.
