Julio Iglesias ha llevado a Yolanda Díaz ante el Tribunal Supremo. El cantante ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo por una presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor y le reclama una indemnización de 50.000 euros.
La acción judicial llega después de que Díaz no atendiera el requerimiento previo formulado por Iglesias para que rectificara públicamente unas manifestaciones difundidas en las redes sociales y reiteradas posteriormente en televisión.
El procedimiento ha sido presentado directamente ante el Supremo debido a la condición de aforada de la vicepresidenta. La defensa del artista está dirigida por el abogado José Antonio Choclán.
El origen del conflicto se encuentra en un mensaje publicado por Díaz el pasado 13 de enero. La ministra compartió una información titulada «Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales» y añadió su propia valoración: «Escalofriantes testimonios. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente».
Las acusaciones de las antiguas empleadas dieron lugar a una denuncia contra el cantante que no fue admitida por la Fiscalía al considerar que carecía de competencia para investigar los hechos.
De la conciliación a la demanda
Antes de acudir al Supremo, Iglesias promovió una petición de conciliación con la que reclamó a Díaz que retirara sus palabras y reconociera públicamente su carácter lesivo. La falta de rectificación ha llevado ahora al artista a formalizar la demanda.
La representación del cantante también alude a las declaraciones realizadas por la vicepresidenta al día siguiente de su publicación en las redes sociales, durante una entrevista televisiva en la que se abordaron las acusaciones formuladas por las extrabajadoras.
Díaz afirmó entonces que aquellas mujeres se encontraban «en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias».
«La investigación da terror, da pánico; se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres», añadió.
Para la defensa de Iglesias, estas palabras no constituyeron una mera valoración sobre una información periodística. Sostiene que la vicepresidenta presentóó como ciertos unos hechos que no habían sido acreditados judicialmente y trasladó a la opinión pública «claros prejuicios de culpabilidad» contra el cantante.
Iglesias denuncia un «juicio paralelo»
En el escrito previo presentado en febrero, la representación de Iglesias reprochaba a Díaz que, en su condición de alto cargo del Estado, afirmara públicamente que en la residencia del artista se habían cometido abusos sexuales, que sus empleadas vivían sometidas a un régimen de esclavitud y que allí se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales.
El cantante considera que esas manifestaciones fueron «gravemente injuriosas y calumniosas» y dieron lugar a un «indebido juicio paralelo» impulsado por una autoridad pública al margen de cualquier procedimiento judicial.
Según su defensa, las palabras de Díaz lesionaron el honor, la imagen y la reputación social del artista. Por ello, además de reclamar 50.000 euros como compensación, Iglesias pretende que la vicepresidenta reconozca públicamente el carácter ofensivo de sus afirmaciones.
