La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se reúne este hoy en sesión extraordinaria para aprobar un refuerzo transversal en el Tribunal de Instancia de Ceuta, una medida que el propio órgano vincula a la presión que la crisis migratoria ejerce sobre la planta judicial de la ciudad autónoma.
La decisión afectará a seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción, y llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla completara los trámites previos —informes del Servicio de Inspección del CGPJ y autorización económica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes— necesarios para elevar la propuesta.
Entre los siete magistrados y jueces que solicitaron la comisión de servicio destaca un nombre con recorrido propio en la crónica judicial española: Miguel Ángel Torres Segura, el magistrado que dirigió dos de las causas de blanqueo de capitales y corrupción urbanística más relevantes de la primera década del siglo XXI.
Como titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, instruyó el caso Malaya, la trama urbanística que salpicó al Ayuntamiento marbellí a mediados de la década de 2000.
Meses antes, en marzo de 2005, ya había saltado a la actualidad nacional al dirigir el caso Ballena Blanca, entonces la mayor operación policial contra el blanqueo de dinero desarrollada hasta la fecha en España.
Primero en la lista, por antigüedad y experiencia
Torres, magistrado número 1863 en el Escalafón Judicial, está actualmente destinado en la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 7ª, con sede en Melilla.
Según el acuerdo firmado por la presidenta en funciones del TSJ andaluz, Beatriz Pérez Heredia, junto a él solicitaron la plaza Consuelo Andreo Ruiz (Tribunal de Instancia de Cartagena), Mirella Abdelkrim Martínez (Vélez-Málaga), Inmaculada García-Beamud Pérez de Vargas (San Roque), Borja Cruz Sánchez y Jorge Bataller García —ambos jueces en expectativa de destino, en Madrid y Ceuta respectivamente— y Dunia Khalifa Ali (Ibiza).
La Sala de Gobierno del TSJA, amparándose en el artículo 160.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y una vez cumplido el trámite de publicidad de la comisión, decidió informar favorablemente la propuesta de Torres por su antigüedad en el escalafón y su experiencia en la jurisdicción civil y, singularmente, en la penal.
El acuerdo da traslado de la decisión al Consejo General del Poder Judicial, al presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta y al propio magistrado propuesto.
Una segunda comisión sigue abierta
En paralelo continúa abierto, hasta las 23:59 de este viernes, el plazo para una segunda comisión de servicio, destinada en este caso a la plaza con competencia en violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Ceuta.
Su resolución previsiblemente se abordará en una sesión posterior, una vez cerrado el plazo de candidaturas.
