La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta el pasado julio, ha solicitado al juzgado de la ciudad autónoma que le remita las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, para determinar si los hechos deben incorporarse al procedimiento que ya tramita.
La magistrada ha adoptado esta decisión mediante una providencia, en la que reclama las diligencias iniciadas a raíz de las denuncias o querellas formuladas contra Pérez.
El objetivo es comprobar si las conductas atribuidas al delegado del Gobierno están relacionadas con los hechos que ya investiga la Audiencia Nacional y, en consecuencia, deben quedar integradas en una misma causa.
Tardón ha remitido al juzgado ceutí el auto por el que asumió la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes para que, «a su vista, valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este juzgado, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue».
La decisión de la magistrada se produce después de que la Fiscalía de Ceuta solicitara que las diligencias abiertas contra Pérez fueran enviadas a la Audiencia Nacional.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos objeto de investigación guardan relación con el procedimiento que ya instruye Tardón sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma.
Las organizaciones Manos Limpias y Hazte Oír presentaron denuncias contra el delegado del Gobierno por su presunta actuación ante las informaciones y avisos recibidos antes de la llegada masiva de migrantes.
Así, sostienen que Pérez pudo haber incurrido en responsabilidades penales al no adoptar, a su juicio, las medidas necesarias ante las advertencias existentes.
Una crisis en Ceuta en la que se señala a Marruecos
La magistrada asumió la investigación al considerar que podrían haberse producido «conductas delictivas» cuyas consecuencias trascendieron a la propia ciudad autónoma.
En el auto en el que justificó su competencia, Tardón señaló que esas posibles conductas «no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes, sino al propio Reino de España».
La jueza fue más allá al analizar la dimensión de los acontecimientos y calificó lo ocurrido como «una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España».
Según expuso, ese ataque se habría producido mediante flujos migratorios irregulares que «han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta».
En aquella resolución, Tardón también hizo referencia expresa al papel desempeñado desde territorio marroquí durante los acontecimientos investigados.
La magistrada aludió a una «permisividad» y a una «clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos».
Una circunstancia que, según argumentó, «se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad» del país magrebí.
La investigación de la Audiencia Nacional aborda así tanto las circunstancias que rodearon la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta como la posible existencia de conductas delictivas relacionadas con aquellos acontecimientos.
La nueva providencia abre ahora la puerta a que dentro de ese mismo procedimiento puedan examinarse también las actuaciones atribuidas al delegado del Gobierno en Ceuta, siempre que se determine que forman parte de los hechos que ya investiga Tardón.
En la causa están personados como acusación particular y perjudicados el Estado y la ciudad de Ceuta. Por su parte, PP, Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa ejercen las acusaciones populares.
