El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado que la empresa de ITV tendrá que proteger a sus trabajadores de los agentes cancerígenos presentes en el humo de los vehículos diésel. Una protección basada en aseo personal en tiempo de trabajo, lavado de la ropa laboral, y el uso de doble taquilla para evitar la contaminación de la ropa de los trabajadores.
Muchos son los conductores que temen el momento de tener que llevar su coche o moto a la inspección técnica de vehículos (ITV).
Un control que certifica en España que el vehículo en cuestión está apto para circular en condiciones de seguridad vial y medioambiental. Pero que no siempre es sencillo, dado que las exigencias para conseguir «la pegatina» son cada vez mayores.
Sin embargo, los coches no son los únicos que sufren este «control»: también lo hacen los propios trabajadores del centro.
Algo que, ahora, ha llegado ante el Tribunal Supremo.
Así, todo comenzaba cuando el Comité de Empresa de Applus Iteuve Technology S.L., llevaba a dicha empresa, propietaria de 14 centros de ITV en Barcelona, ante los tribunales.
Ello, formulando una demanda de conflicto colectivo para que la compañía adoptara una serie de medidas preventivas exigidas en el RD 665/1997 por los agentes contaminantes a los que estaban expuestos los trabajadores.
«Fundamentaba su pretensión en que los inspectores de ITV desarrollan su actividad expuestos a humos diésel, declarados agente cancerígeno», explica ahora la sentencia del alto tribunal.
Exposición ante la que el Comité de Empresa solicitaba que se condenara a la compañía a cumplir con el RD 665/1997, asumiendo medidas como el lavado de la ropa expuesta laboralmente a los humos diésel, tiempo de aseo personal en el trabajo y el uso de doble taquilla para guarda de forma separada la ropa de protección y las prendas de vestir.
A su vez, solicitaba el Comité que se condenara a la empresa a abonar 10.000 euros a los trabajadores por daños por la exposición al riesgo.
Los trabajadores de ITV, más protegidos
Unas pretensiones que llegaban ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, en su sentencia de 27 de mayo de 2025, estimaba parcialmente las pretensiones del comité.
Y así, condenaba a Applus a proceder al lavado de la ropa expuesta durante la jornada laboral, conceder a los trabajadores expuestos, dentro de la jornada, tiempo necesario para su aseo personal, y a proveerles de doble taquilla.
Una sentencia ante la que la empresa presentaba recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Caso que llegaba ante los magistrados Antonio V. Sempere Navarro, presidente, Juan Manuel San Cristóbal Villanueva, Rafael Antonio López Parada (ponente) y Luisa María Gómez Garrido.
Magistrados que, en su sentencia 718/2026, desestimaban las pretensiones de la compañía de ITV.
Así, en su recurso, valora la empresa que la sentencia «incurre en una interpretación contradictoria, al admitir que los conceptos de exposición y riesgo no son equivalentes, pero concluyendo que la exposición inevitable de los trabajadores a los humos diésel implica riesgo de contaminación».
«No existe un riesgo de contaminación que justifique la aplicación de las medidas del RD 665/1997», asegura la empresa, que destaca que la concentración de partículas de diésel es un 30% inferior al valor límite ambiental permitido.
Valoración que, sin embargo, no comparte el alto tribunal.
«Existiendo cualquier exposición o riesgo de exposición a un agente cancerígeno, sea cuál sea el nivel, las medidas prescritas por la norma son exigibles, y el trabajador en contacto con el agente debe ser considerado trabajador expuesto», valora el Supremo.
Un criterio en el que el alto tribunal contesta a la empresa que «no existe un umbral seguro» para los trabajadores en relación a los agentes cancerígenos. Algo que, al existir contacto con el agente diésel, y por tanto el riesgo de contaminación, lleva al alto tribunal a desestimar el recurso.
Y así, obligar a la empresa a aplicar las nuevas medidas de protección de sus trabajadores de ITV.
Sin costas.
El sector de las ITV está compuesto en España por varias decenas de empresas y entidades operadoras que gestionan más de 500 estaciones y dan empleo directo a alrededor de 7.000-8.000 trabajadores.
