Hace ya más años que la polka, una de las pocas diversiones que podía tener el estudiante, era que nos pusieran una película, de esas en VHS que guardaban polvo de un año a otro metidas en una caja.
En aquella ocasión, que recuerdo muy bien, Don Francisco decidió que a la chavalada nos convenía ver nada menos que “Un hombre para la eternidad”, maravillosa traducción de “A Man for All Seasons” de Fred Zinnemann.
Sería por el colorido o por el gran Robert Shaw haciendo de Enrique VIII, pero lo cierto es que, lejos de ser un tostón, esta película sobre Sir Thomas More, encarnado por un soberbio Paul Scofield, me encantó.
Y no sólo a mí. La película se llevó seis Óscar, entre ellos los de mejor película, mejor director, mejor actor y mejor guion adaptado.
No está nada mal para una historia protagonizada por varios hombres vestidos de terciopelo y pesados medallones que se pasan dos horas discutiendo sobre derecho constitucional inglés del siglo XVI.
Bueno, la cosa es que, en una de sus escenas más conocidas, William Roper reprocha a More (Tomás Moro en español) que esté dispuesto a conceder al mismísimo Diablo la protección de la ley.
Roper, joven de convicciones firmes y paciencia más bien escasa, asegura que se cargaría a todas las leyes de Inglaterra con tal de atrapar al Maligno.
Moro le responde con una pregunta bastante incómoda:
– Cuando hayas derribado la última ley y el Diablo se vuelva contra ti, ¿dónde piensas esconderte?
Porque Inglaterra, le explica, está cubierta de leyes como si fueran árboles y, una vez taladas, ya no queda nada que proteja a nadie del viento.
La respuesta contiene una de esas verdades que pesan como losas y que trascienden el tiempo y la geografía, pero que muchos descubren siempre con cierto retraso.
Las garantías siempre nos parecen un estorbo mientras protegen a otro.
Sólo empiezan a parecernos indispensables cuando llaman a nuestra propia puerta.
Y eso es precisamente lo que sucede con el ‘legal professional privilege’, algo así como el derecho a la confidencialidad, entre el cliente y su ‘solicitor’.
El problema es que, una vez abierta la veda, también entra el regulador, se sienta en el despacho y empieza a husmear.
VOLVAMOS A CARTER-RUCK
Recordemos brevemente dónde habíamos dejado el asunto.
Vimos que la Solicitors Regulation Authority investigaba a Carter-Ruck, conocido despacho londinense especializado en temas de difamación, privacidad y medios de comunicación, por su actuación en defensa del empresario Mohamed Amersi.
Pero resulta que el regulador quería averiguar si alguna de las reclamaciones promovidas en nombre de Amersi podía constituir una famosa ‘SLAPP’.
Es decir, una de estas demandas utilizadas para silenciar a periodistas o críticos mediante la amenaza de un pleitón de los gordos.
No a la española, donde querellarse sale muy bien de precio, sino a la inglesa, con un proceso extremadamente caro y desagradable.
Bueno, pues hoy nos toca averiguar qué narices quería mirar la SRA.
La investigación sobre Carter-Ruck y uno de sus socios había comenzado el 8 de septiembre de 2023, a raíz de que alguien acudiera a la SRA para denunciar al despacho inglés por una posible ‘SLAPP.’
TRES REQUERIMIENTOS Y UN CLIENTE QUE DECÍA QUE NO
Y para avanzar en su investigación, claro está, la SRA dirigió a Carter-Ruck tres requerimientos formales de documentación.
Mediante ellos, el regulador pretendía acceder a determinados documentos contenidos en los expedientes del cliente del despacho, el señor Amersi.
Quería comprobar, sobre todo, si las acciones en nombre de Amnesia se sostenían de verdad o si habían sido para amedrentar al personal.
Porque si un ‘solicitor’ formula acusaciones carentes de fundamento, se puede estar metiendo en un buen follón si no hizo antes las comprobaciones necesarias.
Y si el cliente pretende utilizar el proceso para aplastar económicamente a un periodista, habrá que saber si el ‘solicitor’ le advirtió que los tribunales ingleses no gustan de estas prácticas.
El tema es que, para responder a esas preguntas, no bastaba con leer las cartas remitidas a la parte contraria.
Había que ir al meollo del asunto, que es saber lo que había detrás de esas acciones legales en nombre de su cliente.
Pero para ello, la SRA necesitaba acceder a lo que Carter-Ruck y Amersi habían tratado en privado.
Es decir, para comprobar si el consejo jurídico había sido correcto, el regulador pretendía leer precisamente el asesoramiento jurídico en las comunicaciones entre cliente y ‘solicitor’.
Y recordemos que quien goza del ‘legal professional privilege’ es el cliente, no el ‘solicitor’.
Al ver semejante percal, Amersi presentó sus propias alegaciones ante la SRA y se mostró dispuesto a colaborar, pero exigió garantías sobre el uso de sus documentos y su posible comunicación a terceros.
Pero ojo, que lo que no hizo fue renunciar al ‘legal professional privilege’.
Y sin el consentimiento del cliente, ay amigo, Carter-Ruck alegó que no podía entregar las comunicaciones protegidas por tan sacrosanta norma.
Incluso aunque al otro lado estuviera la mismísima SRA
¿TODO LO CONFIDENCIAL ESTÁ PROTEGIDO?
Llegados a este punto, conviene hacerse esta pregunta algo bizantina, porque el ‘legal professional privilege’ no convierte en sagrado todo papel que pasa por un despacho de ‘solicitors’.
Es más, una comunicación puede ser confidencial sin estar protegida por este derecho al ‘privilege’.
Y es que, para que el papel esté bajo el ‘privilege’, esta comunicación debe contener asesoramiento jurídico, siempre en términos generales.
Porque si cliente y ‘solicitor’ hablan del Madrid y de Mourinho, pues va a ser que no hay protección.
De ahí que se distinga entre el ‘legal advice privilege’, en comunicaciones en las que haya consejo jurídico, y el más amplio ‘litigation privilege’, que incluye documentos preparados para un proceso judicial.
Y, como ya sabemos, el ‘privilege’ tampoco protege comunicaciones para promover delitos o conductas parecidas.
La llamada ‘iniquity exception’, porque el derecho inglés no llega hasta el punto de permitir que los despachos de ‘solicitors’ se conviertan en un servicio de atención al mangui.
Y ahí está el nudo gordiano del asunto.
Porque nadie discute que la SRA dispone de amplias facultades para exigir información, documentos y explicaciones, pero el derecho inglés no decía expresamente qué sucedía cuando el material estaba protegido por el ‘legal professional privilege’.
Y cuando una ley guarda silencio, cada parte suele pensar que ese silencio le está dando la razón.
LA POSTURA DE CARTER-RUCK
La posición de Carter-Ruck y Amersi parte de un principio clásico del derecho inglés, como es el principio de legalidad.
Y esto quiere decir que el Parlamento británico puede limitar incluso un derecho fundamental.
Pero para ello, debe afrontarlo con meridiana claridad.
En otras palabras, los derechos fundamentales no se eliminan mediante palabras generales, ambigüedades o una nota a pie de página que nadie leyó durante la tramitación de la ley.
Por eso, para que una norma derogue o limite el ‘legal professional privilege’ se requieren palabras expresas.
Por eso, Carter-Ruck y Amersi señalaban que la ley británica otorgaba a la SRA facultades muy amplias, es cierto.
Pero no contenía una sola referencia expresa a la posibilidad de que pasara por encima del privilegio del cliente.
Y añadían un dato parlamentario particularmente incómodo.
Resulta que, durante la tramitación de la ‘Legal Services Act 2007’, se propuso una enmienda que habría permitido la SRA exigir documentos confidenciales o protegidos por el secreto profesional.
La propuesta no salió adelante.
La enmienda fue retirada y el Parlamento no incorporó esa facultad de forma expresa.
Pero aquello tenía bastante miga y la SRA no desistió de su afán fisgón, por lo que el asunto acabó ante los tribunales de Su Graciosa Majestad.
Y es que si el joven Roper quería talar todas las leyes de Inglaterra para atrapar al Diablo, en el caso de Carter-Ruck habría que decidir si la SRA se había presentado en el bosque con una motosierra.
Hasta la semana que viene, mis queridos anglófilos.
