Ahora que las calles europeas parecen estar de fiesta mayor, algunos recordarán “The Italian Job”, aquella animada película con Michael Caine.
Acompañado de Noël Coward, Benny Hill y una cuadrilla de manguis, decide robar cuatro millones de dólares en oro en pleno centro de Turín.
Para ello, Caine reúne a varios especialistas muy finos, entre ellos Arthur, un experto en explosivos cuya delicadeza profesional es más propia de un barrenero galés.
Así que, durante uno de los ensayos del palo, Arthur recibe el encargo de colocar una pequeña carga para abrir las puertas de una furgoneta blindada.
Se inicia la cuenta atrás y el vehículo salta por los aires, convirtiéndose en una nube de humo y chatarra.
Ante aquel estropicio, Caine contempla los restos y pronuncia una de las frases más célebres del cine:
– Se suponía que sólo tenías que volar las malditas puertas. (‘You’re only supposed to blow the bloody doors off!’)
La escena es muy inglesa porque, frente a una catástrofe de proporciones considerables, sólo hay un reproche técnico, expresado con esa resignación tan británica.
Pues algo parecido sucede con las facultades de un regulador.
Porque una cosa es concederle los medios necesarios para abrir determinados documentos de un ‘solicitor’ y otra, muy distinta, permitirle volar el edificio entero.
Recordemos brevemente dónde habíamos dejado el asunto.
La Solicitors Regulation Authority (la SRA, para los amigos) investiga al conocido despacho londinense Carter-Ruck y a uno de sus socios por su actuación en determinadas reclamaciones en nombre del empresario Mohamed Amersi.
El regulador quiere averiguar si aquellas reclamaciones podrían ser una ‘SLAPP’, uno de esos procedimientos para intimidar al personal mediante la amenaza de un pleitazo tan largo como costoso.
Y para avanzar en su investigación, la SRA exige documentación de los expedientes de Amersi.
Peeeero, algunos de esos documentos están protegidos por el ‘legal professional privilege’ que pertenece al cliente,
Y Amersi no había renunciado a este derecho a la confidencialidad entre ‘solicitor’ y cliente.
Carter-Ruck sostenía que no podía entregarlos y el regulador, naturalmente, defendía lo contrario.
LA SRA DEFIENDE SU DERECHO A MIRAR
La postura de la SRA tenía una lógica que tampoco conviene caricaturizar.
Si quien denuncia al ‘solicitor’ es su propio cliente, lo normal será que este permita a la SRA examinar las comunicaciones para demostrar que el profesional actuó incorrectamente.
Pero cuando la denuncia procede de un tercero, tanto el cliente como el ‘solicitor’ pueden tener interés en que ciertas conversaciones permanezcan ocultas.
Según la SRA, ahí podía abrirse una brecha considerable en el sistema.
Porque para averiguar qué habría recomendado un ‘solicitor’, sería necesario leer precisamente el consejo que había dado.
La SRA añadía que no pretendía publicar los documentos en la marquesina de Piccadilly Circus, sino utilizarlos para investigar una posible infracción.
Por tanto, la entrega de esos papeles no vulneraría realmente el ‘privilege’ o, como mucho, supondría una afectación puramente técnica.
Además, la SRA lleva años actuando bajo el supuesto de que puede exigir esa documentación y se apoya en varias resoluciones anteriores.
Si puede acceder a documentos protegidos al intervenir en un despacho, sostenía, también puede hacerlo al investigar la conducta de sus ‘solicitors’.
El argumento tiene su aquél, no me lo negarán.
El único problema es que los derechos fundamentales suelen quejarse cuando alguien sólo pretende limitarlos un poquitín y por una excelente causa.
Y con eso que vamos a la ‘High Court’.
INVESTIGAR NO ES INTERVENIR
En su decisión, el juez Butcher aceptó que la SRA desarrolla una función esencial y que algunas investigaciones podrían resultar más difíciles sin acceso a las comunicaciones confidenciales.
Pero una necesidad regulatoria, por respetable que sea, no crea por sí sola una facultad legal.
El Parlamento británico puede limitar el ‘legal professional privilege’, claro está.
Pero debe hacerlo mediante palabras expresas, no basta con que sea útil o incluso muy recomendable.
Y la ley inglesa guardaba silencio sobre esta cuestión.
Como hemos visto, la SRA intentó superar ese obstáculo comparando sus facultades de investigación con sus poderes de intervención.
Porque cuando el regulador interviene una firma de ‘solicitors’, accede a todos sus archivos, ya que no se puede administrar ni cerrar un despacho contemplando las cajas desde el pasillo.
Sin embargo, el juez advierte que intervenir e investigar no son lo mismo.
Porque la intervención exige el control efectivo de la firma, mientras que la investigación pretende reunir pruebas para determinar si se ha cometido una infracción.
Que una investigación resulte más complicada sin esos documentos no significa que sea imposible realizarla.
En efecto, la SRA puede examinar las comunicaciones enviadas a la parte contraria, las actuaciones procesales y cualquier documento que no esté protegido.
O puede acceder a esas comunicaciones si el cliente renuncia al ‘privilege’.
Por tanto, la falta de acceso al material protegido puede dificultar la investigación, pero no inutiliza el sistema.
EL JUEZ BUTCHER RESUELVE
Y así llegamos al desenlace que todos los ‘solicitors’ esperaban desde hacía meses.
En su sentencia del pasado 21 de septiembre de 2026, el juez Butcher declaró que la ley inglesa no permite a la SRA obligar a los ‘solicitors’ a entregar documentos protegidos por el ‘legal professional privilege’ de su cliente cuando éste no ha renunciado a dicha protección.
Según el juez, la redacción podía resultar, en el mejor de los casos para la SRA, equívoca.
Pero la ambigüedad no basta para dejar sin efecto un derecho fundamental.
Como era de esperar, la SRA recibió la sentencia con esa exquisita fórmula británica que consiste en discrepar “respetuosamente” antes de preparar inmediatamente el recurso correspondiente.
Poco después, el juez Butcher autorizó la impugnación de su propia sentencia y expidió un ‘leapfrog certificate’, un mecanismo muy excepcional que permite llevar el caso directamente ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, saltándose la parada habitual en la ‘Court of Appeal’.
Ojo porque esto no significa que la ‘Supreme Court’ haya aceptado ya estudiar el asunto, sino que la SRA puede solicitarle permiso para recurrir directamente ante ella.
Mientras tanto, el regulador ha comenzado a revisar sus propias guías sobre investigaciones, deberes de información e inspecciones, porque algunas reflejaban la postura que la sentencia acaba de rechazar.
De modo que la historia judicial puede continuar, aunque nuestra serie termine aquí.
¿UNA LECCIÓN PARA LA ABOGACÍA ESPAÑOLA?
Visto desde España, el caso resulta paradójico.
La SRA dispone de facultades que provocarían sudor frío en más de un abogado.
Porque puede exigir documentos y explicaciones, realizar inspecciones, llevar al ‘solicitor’ ante el temido ‘Solicitors Disciplinary Tribunal’ e incluso intervenir en una firma y hacerse cargo de sus expedientes.
Y no es una amenaza escrita para adornar el reglamento.
Eso fue precisamente lo que pasó con Axiom Ince, cuando cerró de inmediato la firma y tomó el control de sus expedientes tras descubrirse un agujero superior a sesenta millones de libras en las cuentas de sus clientes.
Para entendernos, no enviaron una circular expresando su profunda preocupación.
Entraron, recogieron las llaves y se acabó el despacho.
Por supuesto, nada de esto tiene un equivalente exacto en España.
Donde los colegios profesionales siguen reuniendo, bajo una misma estructura, las funciones de representación institucional, ordenación profesional y disciplina de sus miembros.
Sin embargo, la diferencia entre ingleses y españoles no radica únicamente en que la SRA sea más poderosa o más temible.
Consiste precisamente en la separación de funciones y en los contrapesos.
Como habría dicho Michael Caine con ese acento ‘cockney’ al contemplar los restos humeantes de aquella furgoneta, hay una diferencia bastante apreciable entre abrir una puerta y llevarse por delante todo el maldito vehículo.
Hasta la próxima, mis queridos anglófilos.
