Más de la mitad de los ciudadanos (54 %) reconoce que no confía en sus conocimientos jurídicos cuando tiene que tomar una decisión. Sin embargo, muchos siguen sin acudir a un abogado hasta que el problema ya se ha producido.
Informarse antes de firmar un contrato, aceptar un cambio en las condiciones laborales o tomar una decisión sobre una herencia puede evitar problemas que, de otro modo, acabarían en los tribunales.
Recurrir a un profesional se ha convertido en el último recurso cuando no hay otra salida. El coste económico es una de las principales razones que explican esta situación.
Así lo refleja el Barómetro de la Protección Jurídica elaborado por onLygal, compañía especializada en seguros de defensa jurídica y servicios legales, que ahora quiere cambiar esa relación entre los ciudadanos y los profesionales del Derecho.
La aseguradora propone trasladar al ámbito jurídico una figura familiar para los ciudadanos: la del profesional de referencia al que se puede acudir antes de que aparezca un problema, como sucede con el médico de familia. “Queremos que hablar con un abogado sea algo mucho más cotidiano y accesible”, explica Luis Cuervo, director general de onLygal.
“Igual que acudimos a otros profesionales para resolver dudas antes de tomar decisiones importantes, queremos que las familias puedan contar con un experto legal siempre que lo necesiten, sin tener que esperar a que exista un conflicto”, sostiene.
Abogado de cabecera
Más vale prevenir que curar. De eso trata la iniciativa revolucionaria que presenta la empresa: cambiar las reglas del juego.
Según el directivo, la prevención sigue siendo la gran asignatura pendiente del sector legal. Un vacío que la compañía busca llenar fomentando un contacto habitual con expertos que anticipen los riesgos jurídicos antes de que el problema termine en los tribunales.
El cambio de enfoque marca la diferencia. El asesoramiento previo puede ayudar a identificar cláusulas perjudiciales, conocer los derechos que reconoce la legislación y valorar las consecuencias antes de asumir obligaciones difíciles de revertir.
El nuevo seguro abarca distintas ramas (cuestiones civiles, laborales, familiares, de consumo, vivienda, fiscalidad básica o protección digital) y está concebido para prestar servicio a las personas que forman parte de un mismo hogar.
Además de resolver consultas, la propuesta contempla la intervención profesional cuando surge un conflicto que requiere reclamar frente a terceros o ejercer acciones para defender los derechos del asegurado.
De esta forma, la asistencia jurídica no se limita a informar sobre lo que establece la ley, sino que puede extenderse a la reclamación y defensa de los intereses del cliente, conforme a las prestaciones y condiciones de cobertura de la póliza.
Desde el punto de vista jurídico, existe una diferencia relevante entre resolver una consulta y asumir la defensa de un procedimiento.
La primera permite conocer los derechos y obligaciones aplicables a una situación. La segunda requiere actuaciones profesionales que pueden comprender reclamaciones extrajudiciales y, en los supuestos cubiertos, procedimientos ante los tribunales.
Nueva propuesta de protección
El lanzamiento coincide con un momento en el que el ordenamiento jurídico español está reforzando las vías de solución negociada de conflictos.
La Ley Orgánica 1/2025 introdujo la obligación, con determinadas excepciones, de intentar previamente un medio adecuado de solución de controversias (MASC) antes de acudir a los tribunales en numerosos asuntos civiles y mercantiles.
En este contexto, el asesoramiento temprano cobra especial relevancia: un abogado puede identificar las posibilidades de acuerdo, valorar la viabilidad de una reclamación y evitar actuaciones que compliquen posteriormente la defensa de los derechos del ciudadano.
“La protección legal debe formar parte de nuestro día a día, ayudándonos a prevenir problemas, tomar decisiones con mayor seguridad y afrontar con tranquilidad aquellas situaciones que pueden tener implicaciones jurídicas”, afirma Cuervo.
