La investigación judicial del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha quedado bajo secreto de sumario. La juez titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou, ha dictado hoy un auto que declara secretas las actuaciones y ha ordenado una batería de diligencias para preservar las pruebas y reconstruir lo sucedido.
Entre las medidas acordadas durante la tarde figura la incautación de las cajas negras de los trenes siniestrados que se localicen.
La Policía Judicial de Toledo deberá hacerse cargo de su custodia para su posterior análisis, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).
La instructora ha dirigido también las pesquisas hacia los datos de circulación ferroviaria y los procedimientos de actuación de ADIF. Para ello, ha ordenado a la Policía Judicial que se persone en el centro de control de Atocha y recabe la información relativa al movimiento de trenes en la zona del accidente.
Datos de circulación, responsables del control y protocolos de ADIF
La diligencia relativa al centro de control incluye la obtención de un informe de la comisión de investigación de ADIF sobre las personas encargadas del control de mando en el momento del accidente.
En otra resolución, la magistrada ha encargado a la Policía Judicial de Toledo que recabe de ADIF los datos relacionados con los protocolos de actuación correspondientes a tres momentos: los minutos previos al siniestro, el instante en que se produjo y el periodo posterior.
Estas órdenes sitúan entre los primeros objetivos de la instrucción la recopilación de los registros ferroviarios y de la información sobre la actuación del sistema de control. El comunicado no ofrece conclusiones sobre las causas del accidente ni atribuye responsabilidades.
Acceso restringido para preservar las pruebas
La juez ha acordado asimismo, mediante providencia, prohibir el acceso de personas ajenas a la zona del siniestro. Según la delimitación comunicada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), la restricción alcanza 2 kilómetros de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos.
Únicamente cuentan con autorización judicial para permanecer en ese espacio los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los equipos de salvamento y sanitarios y el personal judicial.
La misma providencia prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada. La finalidad expresada por la instructora es esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios.
El TSJCLM no precisa la duración del secreto de las actuaciones ni facilita el contenido íntegro de las resoluciones. Tampoco informa de si las cajas negras han sido ya localizadas: la orden judicial dispone su incautación y custodia conforme se encuentren.
