La Guardia Civil ha detenido este viernes 30 de octubre en Picanya (Valencia) al presunto fundador y principal impulsor en España de «Blocus». Se trata de un movimiento que, según los investigadores, utilizaba convocatorias de protestas estudiantiles difundidas en redes sociales para organizar saqueos y actos violentos.
La detención se ha producido cuando se preparaban nuevas movilizaciones para el sábado 31 de octubre en distintas ciudades españolas, tras los graves disturbios registrados el pasado 24 de octubre en Barcelona.
Al arrestado se le atribuye la creación y administración de varios grupos de Telegram desde los que presuntamente se coordinaban estas acciones.
Los hechos investigados podrían constituir delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal, aunque la calificación jurídica definitiva dependerá del resultado de la instrucción.
Los agentes atribuyen al detenido un papel central en la difusión de las convocatorias. Desde uno de sus perfiles de Telegram se publicó un vídeo protagonizado por un encapuchado que se proclamaba líder de «Blocus».
Además, el propio investigado se presentaba en las redes sociales como responsable del movimiento en España.
De TikTok a los grupos privados de Telegram
Las pesquisas han permitido reconstruir cómo los presuntos organizadores de «Blocus» utilizaban las redes sociales para atraer a jóvenes y trasladarlos después a grupos privados donde se preparaban las movilizaciones.
El primer paso consistía en publicar vídeos y carteles en TikTok, algunos creados con inteligencia artificial. Esas publicaciones incluían códigos QR que, al escanearlos con el teléfono móvil, permitían acceder a grupos de WhatsApp y Telegram.
Una vez dentro, los interesados podían recibir invitaciones para incorporarse a otros canales más restringidos, donde se compartían instrucciones sobre las convocatorias.
Los organizadores animaban a difundir estos enlaces entre compañeros de clase y grupos escolares, lo que facilitaba que los mensajes llegaran a adolescentes. Pero había otro elemento que llamó la atención de los agentes: las instrucciones sobre cómo acudir a las concentraciones.
Por un lado, se pedía llevar mochilas, material escolar y pancartas para dar la apariencia de una protesta estudiantil. Por otro, se recomendaba vestir completamente de negro y utilizar máscaras para dificultar la identificación.
Para los responsables de las pesquisas, esta combinación no era casual. Consideran que las reivindicaciones estudiantiles servían de fachada para convocatorias en las que se pretendía cometer saqueos y otros actos violentos.
Joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes entre los objetivos
Uno de los aspectos más relevantes de las diligencias es el contenido de las conversaciones relacionadas con las movilizaciones anunciadas para el 31 de octubre.
Los mensajes analizados apuntan a que los participantes tenían previsto reunirse inicialmente en un punto general. Posteriormente, a través de un chat privado, se comunicaría qué establecimientos comerciales carecían de presencia policial para dirigir los saqueos hacia los objetivos considerados más accesibles.
Entre los posibles establecimientos afectados se mencionaban joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes.
Los agentes también han localizado mensajes en los que algunos participantes proponían incendiar comercios e incluso el Ayuntamiento de Barcelona.
Las conversaciones incluían, además, recomendaciones para borrar mensajes y trasladar las comunicaciones a canales más restringidos.
La operación ha sido desarrollada por la Jefatura de Información del instituto armado, junto con sus Secciones de Información en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Posibles delitos de desórdenes públicos agravados
Desde el punto de vista penal, los indicios recabados apuntan a la posible comisión de delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal.
Se trata, por ahora, de una calificación provisional formulada en el marco de las actuaciones policiales. Será la autoridad judicial competente la que determine, a partir de los indicios reunidos, qué conductas pueden tener relevancia penal y qué responsabilidades individuales existen.
Las diligencias también prestan especial atención a la participación de menores.
Los responsables de la operación advierten de que promover o intervenir en actos violentos puede dar lugar a responsabilidades penales, también cuando los implicados son adolescentes, conforme al régimen específico previsto para los menores de edad.
Asimismo, recuerdan que el derecho a manifestarse no ampara los saqueos, los incendios ni las agresiones.
Por ello, recomiendan a familias y centros educativos prestar atención a las convocatorias digitales que animen a los jóvenes a ocultar su identidad, modificar los puntos de reunión o participar en acciones violentas.
El objetivo de las actuaciones es esclarecer la estructura y el funcionamiento de los grupos vinculados a «Blocus», así como determinar el grado de intervención de sus presuntos responsables.
La detención no supone una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal del investigado deberá establecerse, en su caso, mediante el correspondiente procedimiento judicial y con todas las garantías.
