PP, VOX y Cs recurrirán ante el Constitucional la reforma para renovar el CGPJ que pretende el Gobierno
La proposición de ley registrada ayer por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso también ha sido recibida con críticas tanto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones judiciales, que califican la reforma de "inconstitucional". Foto: Carlos Berbell

PP, VOX y Cs recurrirán ante el Constitucional la reforma para renovar el CGPJ que pretende el Gobierno

La oposición acusa a Sánchez de pretender "liquidar la separación de poderes" y advierte que no lo permitirá
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14/10/2020 09:49
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Actualizado: 28/5/2021 14:11
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PP, VOX y Ciudadanos recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pretende el Gobierno para que los 12 vocales de procedencia judicial del Consejo sean elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría absoluta en un plazo de 48 horas en caso de que fracasara la designación por mayoría cualificada.

PSOE y Unidas Podemos dicen que cuentan con suficientes votos para modificar la ley y estiman que la reforma puede entrar entrar en vigor en dos meses. De esta manera, no necesitarían los votos del PP, que se niega a pactar con ellos los nombramientos de los vocales porque rechaza negociar con Podemos.

La oposición acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender «liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente» y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. 

PP, VOX y Cs sostienen que no lo permitirán y que si perpetran este «atropello a la legalidad», recurrirán ante el Constitucional.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, afirma que la reforma de PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del CGPJ constituye un «fraude» porque se hace a través de una proposición de ley para sortear los informes de órganos consultivos.

En una rueda de prensa ayer, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra manifestó que esta reforma legal que plantean es «un fraude» porque, según ha dicho, «lo que buscan es cambiar las reglas del juego democrático por la puerta de atrás» cuando «siempre han funcionando».

Esas reglas y las mayorías establecidas, ha proseguido, han permitido «garantizar la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y el equilibrio entre los distintos poderes».

Además, la dirigente del PP ha subrayado que ese «fraude» también se materializa a través del camino elegido, ya que se hace con una proposición de ley para no encontrar «obstáculos».

Si la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) partiera del Gobierno como anteproyecto de ley, el Consejo de Ministros tendría que pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio CGPJ. Pero al ser una propuesta de los grupos parlamentarios, no existen estos requisitos.

Gamarra considera que no se promueve esta reforma desde el propio Ejecutivo porque «no podría contar con esos informes favorables» de los órganos consultivos.

Manifiesta que este paso evidencia las «conductas autoritarias y dictatoriales» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha recordado que el líder del PP, Pablo Casado, ya ha anunciado que el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional y ante las instancias y tribunales europeos este «ataque» del PSOE y de Unidas Podemos porque es «un paso más en el deterioro democrático» que, a su juicio, están viviendo por parte del Gobierno de coalición.

«Desde el PP no lo vamos a consentir y utilizaremos todos los instrumentos que estén en nuestra mano para defender que se siga manteniendo el equilibrio de poderes, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, algo que tanto molesta a los partidos de la izquierda», ha avisado.

Preguntada por qué el PP no se sienta a negociar y evita esta reforma legal, Gamarra ha explicado que su partido ya ha indicado al PSOE «cuál es el impedimento»: pasa porque Podemos quede fuera de ese proceso de renovación del CGPJ, y ha criticado que Sánchez sí sea «capaz» de apartar al partido de Iglesias en el caso de la fusión de Bankia y La Caixa, pero no haga lo mismo con el Consejo.

Ha insistido en que «está en la mano del PSOE y en el tejado de Pedro Sánchez que se pueda llevar a cabo esa renovación», y que las «condiciones» que plantea su partido ya las conoce el presidente del Gobierno, al que acusa de ser «el máximo responsable de este bloqueo».

También ha asegurado que «la naturaleza» de Sánchez no pasa por llegar a acuerdos con el PP. «Esta estrategia de los cambios normativos debilitando las mayorías necesarias para adoptarlas a las mayorías de quien gobierna tiene como objetivo debilitar la democracia y controlar desde el Gobierno todos los resortes que una democracia establece como contrapesos», ha denunciado.

«Ni han frenado el virus ni han doblegado la curva, pero sí van camino de frenar la independencia judicial y doblegar la separación de poderes. No trabajan por lo que les preocupa a los españoles, pero sí por lo que les preocupa a ellos», ha denunciado el partido de Casado en Twitter.

VOX también anunció ayer que recurrirá ante el máximo órgano de garantías de España la reforma de PSOE y Unidas Podemos.

El partido liderado por Santiago Abascal ha acusado a los partidos de Gobierno de querer convertir España en «una tiranía y una dictadura» en la que poder controlar el poder judicial desde el legislativo.

«En España existe una Constitución. A la hora de hacer propuestas lo mínimo que se puede pedir es que respeten la Constitución», ha destacado el portavoz del Comité de Acción Política de VOX, Jorge Buxadé, y ha defendido que los jueces «deben gobernarse a sí mismos» sin «intromisión» de los partidos políticos.

Buxadé ha subrayado que cualquier pretensión de «dominar» el CGPJ es «antidemocrática» y que por ello VOX recurrirá la reforma.

«Se aprobará. Y los 52 de VOX lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional. Frente a su totalitarismo, resistencia», ha señalado también en Twitter la secretaria general del grupo en el Congreso, Macarena Olona, abogada del Estado en servicios especiales.

El portavoz parlamentario de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, también ha dicho que es «un ataque directo al Estado y sus instituciones y un ataque a la democracia constitucional».

Además, ha recordado las «amenazas e insultos» recibidas por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón desde que pidió al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por tres delitos en relación con la ‘pieza Dina’ del ‘caso Tándem’.

Espinosa de los Monteros ha acusado a Podemos de «jalear» este acoso, y Buxadé ha criticado que los hechos no hayan sido condenados por el presidente del Gobierno.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha denunciado que la reforma legislativa con la que el PSOE y Unidas Podemos pretenden reducir la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el CGPJ es un «mazazo sin precedentes a la Justicia y a la separación de poderes».

Por ello, Cs también apuesta por recurrirla ante el TC si el Congreso acaba aprobándola.

«Lo que hay que hacer es despolitizar el CGPJ para que los jueces elijan a los jueces, no politizarlo aún más para repartírselo con los separatistas. Vergonzoso e intolerable», ha señalado Arrimadas en Twitter.

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso y portavoz de Justicia del partido, Edmundo Bal, abogado del Estado en servicios especiales, también ha lamentado que se haya «confirmado la infamia» de «querer darle el CGPJ a la mayoría Frankenstein», como denomina Cs al conjunto de partidos que sustentan al Gobierno.

«Con menos consenso» que el que se precisa con el actual sistema de elección de los vocales del CGPJ, «se van a repartir los jueces el BNG, Esquerra o Bildu», denunció ayer en una rueda de prensa tras la Junta de portavoces de la Cámara Baja.

Bal lamenta que PSOE y Unidas Podemos hayan «consumado la amenaza de politizar aún más» la designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, en «una tendencia clara hacia la ruptura de la separación de poderes», y que lo hagan a través de una proposición de ley para así «sortear los trámites preceptivos» que exigiría la tramitación de un proyecto de ley.

Sobre la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad si la reforma es aprobada, Bal ha dicho que la intención de Ciudadanos es hablar con otras formaciones políticas para sumar fuerzas Sobre la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad si la reforma es aprobada, Bal ha dicho que la intención de Ciudadanos es hablar con otras formaciones políticas para sumar fuerzas -tiene diez diputados- o bien pedirle al Defensor del Pueblo que lo haga.o bien pedirle al Defensor del Pueblo que lo haga.

Considera «un despropósito y una tropelía» plantear que 12 de los 20 vocales que componen el CGPJ se designen con una mayoría parlamentaria determinada -mayoría absoluta- y para nombrar a los otros ocho se requiera otra mayoría distinta -tres quintos-.

También ha avisado al PSOE de que «no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido para ajustarlas a lo que le conviene al señor Sánchez» ante la «exigua mayoría» con la que cuenta en el Congreso.

Bal también ha expresado el apoyo de Cs a García-Castellón.

Ha destacado que pese a las «presiones y amenazas», García-Castellón sigue adelante, «con gran valentía», con esa investigación y continúa también con la instrucción de la ‘Kitchen’.

«Quizá porque Podemos se encuentra ahora tan concernido por los casos de corrupción que lo asolan es por lo que presentan este proyecto de reforma de la LOPJ», ha apuntado.

Bal ha dicho que no es cierto que solamente haya dos opciones: o reducir la mayoría parlamentaria exigible para designar a los nuevos vocales del CGPJ o seguir con este órgano sin renovar por el bloqueo del PP.

Ha recordado que Cs propuso una reforma legislativa para que 12 de los miembros de este órgano fueran elegidos directamente por jueces y magistrados, en vez de por las Cortes Generales; un sistema que garantizaría «la separación de poderes, la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática».

Ha hecho hincapié en que este planteamiento va en la línea de las indicaciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa, de lo que establecen la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de lo que reclaman la mayoría de las asociaciones de jueces y magistrados.

Ciudadanos llevó al Congreso a finales de septiembre esta reforma de la LOPJ para “reforzar la independencia judicial” cambiando el sistema de elección de los veinte vocales del CGPJ, para que se devolviera a los jueces la capacidad para elegir a sus 12 vocales en el Consejo; pero fue tumbada con 18 abstenciones y los 174 votos en contra del PSOE, Unidas Podemos y sus aliados.

Las cuatro asociaciones judiciales coinciden desde hace años en la necesidad de que se modifique el sistema de elección para que los vocales judiciales del Consejo sean elegidos por los jueces. Sin embargo, en la actualidad Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ve normal el plan alternativo del Gobierno dado que el órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones casi dos años.

La reforma de PSOE y Unidas Podemos ha sido duramente criticada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI). La califican de «inconstitucional».

También ha sido recibida con críticas en el seno del órgano de gobierno de los jueces. El vocal del CGPJ José María Macías ha criticado en recientes artículos lo que denomina «la vía polaca» de Podemos, el sector del Gobierno al que atribuye la idea de esta reforma.

A su juicio, supone «copiar paso por paso» lo que ha ocurrido en el Poder Judicial polaco, donde también se eludieron informes para implementar una reforma que ha sido duramente respondida por la UE, hasta el punto de peligrar los fondos que el citado país puede recibir para su lucha contra la pandemia.

La Asociación Europea de Jueces también ha expresado su «gran preocupación» por la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos y ha lamentado que España «esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del Poder Judicial».

En un comunicado publicado ayer, esta asociación ha pedido aprovechar la «oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación» del CGPJ y reforzar así «las garantías de independencia de los jueces y magistrados, como pilar fundamental del Estado de Derecho». Reclama volver «al sistema anterior», donde los jueces integrantes de este órgano «eran elegidos por sus iguales».

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