La Manada

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha archivado de plano la denuncia que la organización feminista Women's Link Worlwide presentó el pasado 27 de abril contra el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra Ricardo González.

Más de un centenar de entidades, la mayoría colectivos de mujeres, pero también partidos políticos y sindicatos, han presentado en València una denuncia dirigida a la Fiscalía General del Estado para que investigue la filtración de datos de la víctima de la "jauría" de La Manada.

El Gobierno de Navarra, que se ha personado como acusación popular en el juicio contra los cinco integrantes de 'La Manada', ya tiene preparado el recurso de apelación a la sentencia que les condena a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual y les absuelve del delito de agresión sexual.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) estaba haciendo seguimiento del tribunal que juzgó a 'La Manada' --los cinco hombres condenados por abusos sexuales a un joven de 18 años en las fiestas de San Fermín de 2016-- desde abril del año pasado debido al retraso en los señalamientos.

La Universidad de Santiago (USC) ha abierto un expediente informativo al profesor Luciano Méndez Naya , que afirmó que la víctima de La Manada "disfrutó", para valorar si existe "sospecha fundada de delito para remitir el caso a la Fiscalía".

La juez decana de Pamplona, Mari Paz Benito, ha manifestado, tras conocerse que la sentencia de 'La Manada' incluía el Código Seguro de Verificación (CSV) que podía llevar a conocer los datos personales de la víctima, que "se ha abierto una investigación" desde la Audiencia de Navarra para ver cómo se ha producido.

El Pleno del Congreso ha admitido a trámite ese jueves una proposición de ley del PP para la reforma de varios artículos del Código Penal con el objetivo de adaptarlo a la legislación europea en materias que van desde el tráfico de órganos a la lucha contra el terrorismo o la corrupción.

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) defiende los "criterios" de los jueces del tribunal que dictó la sentencia del juicio de La Manada, al tiempo que ha considerado que el legislador y el poder ejecutivo deben "abstenerse de hacer una utilización política de la Justicia ".