«Somos beligerantes pero no planteamos una resistencia a LexNET sino a cómo se ha impuesto». Con esas palabras el profesor Andrés de la Oliva, académico y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, resumió, en su presentación, lo que la tarde de ayer se dirimió en la Academia de Jurisprudencia y Legislación: las razones de la «Resistencia» en contra de LexNet.
Porque ninguno de los seis intervinientes puso en tela de juicio la idea de LexNet en el curso de la jornada vespertina que tuvo lugar en el 13 del Marqués de Cubas, en Madrid, bajo el título «LexNet: propaganda y realidad (la distancia entre una buena idea y un pésimo invento)». Al contrario. El consenso fue completo.
El objetivo de la jornada era analizar el sistema de comunicación LexNet, cuyo uso es obligatorio en todo el territorio nacional desde el 1 de enero pasado; LexNet es una pieza central en el plan de digitalización de la Administración de Justicia.
Una pieza que fue atacada, ante el centenar de asistentes, desde los cuatro puntos cardinales por los seis ponentes y que resumió muy bien el abogado Emilio Rafael Cobos Cereceda, abogado y colaborador en el Colegio de Abogados como formador de LexNet, que intervino en la primer de las dos mesas: «LexNet es una brillante idea que funciona muy mal. Nuevas tecnologías, sí, con diseño, fácil, intuitivo y amigable. Y con dotación presupuestaria que las haga viables».
Desde su punto de vista, LexNet presenta un buen número de problemas. Desde la dificultad de acceder a la plataforma desde dispositivos móviles, pasando por la lentitud y el colapso habitual de un sistema poco intuitivo y con una capacidad máxima de 10 megas, ampliables a 15 a final de año -ha prometido el Ministerio-. pero aún así claramente deficiente ya que, según ha recordado, equivaldría a un archivo de un máximo de 150 páginas escaneadas.
Jaime Vegas Torres, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Rey Juan Carlos, por su parte, fue el primero en poner en tela de juicio el hecho de que LexNet sea manejada por el poder ejecutivo para el poder judicial.
Una idea sobre la que abundó José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena. «El Ejecutivo es el custodio del sistema. ¿Tiene sentido que alguien que pueda estar siendo investigado por la Justicia custodie documentación jurídica?», se preguntó Muelas. Para él este sistema «pone a jueces y ciudadanos en manos de aquello que quiera hacer el Poder Ejecutivo».
Muelas, un abogado experto en nuevas tecnologías, afirmó que el sistema no parece tener todas las medidas de seguridad necesarias.
«La comunicación entre las partes tiene que estar encriptada. ¿Y quién facilita las claves criptográficas? El poder ejecutivo», dijo este abogado. «Por otra parte, para que un software sea seguro tiene que ser audible. Las leyes dicen que para ser audible tiene que utilizarse un software abierto, es decir, que el código de ese software sea auditable, para que los responsables vean lo que hace. En LexNet no sabemos que software utiliza. Sabemos, eso sí, que es software propietario. No es software abierto», añadió.
Sobre esta idea, de falta de neutralidad de LexNet, abundó Susana Gisbert, fiscal portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, que reveló que la Fiscalía funciona con el sistema Fortuny, que sólo sirve para «registrar los documentos que generamos, de manera independiente e incompatible con los sistemas que utilizan los jueces -salvo en Canarias y Navarra-. Está basado en un Explorer antiguo».
Gisbert recordó que tanto la Fiscalía General del Estado como las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios han cuestionado la implantación de LexNet.
«La pretendida agilización no es así», dijo Gisbert. «Aunque las las comunicaciones sean telemáticas siempre se acaba utilizando el papel» y, por lo tanto, «la digitalización de la manera en la que está planteada no es un paso, es un parche».
Juan Carlos Ramiro, director del Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad (CENTAC), también criticó el nuevo sistema de notificaciones electrónicas porque considera que se ha utilizado una tecnología para implantar LexNet que estará «obsoleta en dos días» y que tiene muchos fallos. Una opinión que compartió el último ponente, Javier de la Cueva González-Cotera, que abordó los fundamentos de la denuncia de LexNet ante la Comisión Europea.
