Todavía no termino de creerlo, ha muerto don Andrés de la Oliva. Tras una guardia agotadora en el juzgado donde sirvo mi destino como juez, ya al final del día, me dan la noticia como un mazazo en el alma.
Entonces recuerdo que, siendo estudiante en la Escuela judicial, pasaba horas en la biblioteca leyendo su clásico “Curso de Derecho Procesal Civil”. Acariciaba con devoción sus páginas, sabedor de que mi sueldo de juez en practicas no me llegaba para adquirir la obra completa.
Pero, un día, mis compañeros de curso, sin que yo albergase la más remota idea, me sorprendieron con un regalo: habían hecho una colecta para comprarme todos los volúmenes. Desde entonces los guardo como una sagrada reliquia.
¿Quién se escondía detrás de esa prosa brillante, erudita y llana a la par, cual Cervantes jurídico? Me lo figuraba como la reencarnación de don Manuel Alonso Martínez. ¡Cómo deseaba conocerlo en persona! Y hete aquí, años después, en un curso de la Universidad Complutense donde intervenía como ponente, que mi mujer me agarró del brazo, y al final del acto, cuando se escabullía entre el público, lo placamos a la salida del aula y le preguntamos a bocajarro: ¿Quiere ser Presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial? Y, como en un sueño, respondió: “sí”.
Nacía en el año 2010 nuestra Plataforma, una organización no solo de jueces, sino donde tenían cabida abogados, fiscales, universitarios, en fin, todo tipo de juristas, e incluso de ciudadanos ajenos a las disciplinas legales.
Bajo la firme dirección de don Andrés como primer Presidente, nos convertimos en el azote de los políticos togados, arrastratogas y lacayos forenses de toda ralea. Escándalos como el intercambio de cromos y el control político de la justicia salieron a la palestra con una contundencia hasta entonces inimaginable.
La integridad de don Andrés era pétrea, un muro contra el que se estrellaban los pasteleros de la corrupción jurídica.
Ahora nos deja, pero queda entre nosotros su portentoso legado intelectual. Muy en especial, la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, a la altura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de don Manuel Alonso Martínez.
Un monumento que resistirá la erosión de los siglos. Por cierto, jamás don Andrés transigió con la componenda de entregar la investigación del delito a la Fiscalía a cambio de retoques cosméticos en su Estatuto.
Ahora, cuando muchos anhelan que se legisle con el inconfesable propósito de favorecer a los malhechores, su figura se alza como un gigante ante el que empequeñecen los acondroplásicos mercaderes que regatean con la justicia.
En estos momentos de oprobio político y moral, bien nos aprovecharía que más de uno se apresurase a seguir su ejemplo.
Adiós, don Andrés, nos despedimos, con tristeza, sí, pero no menos gratitud y orgullo.
