Esta organización hace un llamamiento a los ciudadanos a para que directamente también acudan a las instituciones europeas "para denunciar la situación que hay en España". Foto: EP
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial hace un llamamiento a la UE en defensa del Estado de Derecho
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) advierte a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo de que el Estado de Derecho "está gravemente amenazado en España a causa de las últimas iniciativas legislativas"
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20/12/2022 06:48
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Actualizado: 14/3/2024 11:16
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La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha advertido a la Unión Europea (UE) de que el Estado de Derecho «está gravemente amenazado en España a causa de las últimas iniciativas legislativas que actualmente se tramitan en nuestro Parlamento que pretenden rebajar las mayorías necesarias para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y la persecución criminal de los miembros del Consejo de la Magistratura que no se atengan a las imposiciones del Poder Legislativo».
Así lo ha denunciado en sendos escritos dirigidos a la Comisión Europea y a su presidenta, Ursula von der Leyen, al Parlamento Europeo, a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, al comisario de Justicia, Didier Reynders, y al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.
La PCIJ expone en la misiva que el Poder Ejecutivo ha acudido a un procedimiento «materialmente inadecuado» para la tramitación de dichas iniciativas legislativas, como es el de enmiendas, «al no guardar relación con la norma supuestamente enmendada». Además, señala que se ha optado por un cauce que «soslaya el preceptivo informe que el Consejo General del Poder Judicial ha de emitir en materias de esta naturaleza».
Expone que el Gobierno «ignora la exigencia constitucional de renovación por terceras partes prevista en el artículo 159.3 de la Constitución; utiliza una técnica de criminalización que viola los más elementales principios de seguridad jurídica en la definición de los tipos penales; y elimina la capacidad del TC de verificar que los Magistrados nombrados reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la Ley».
Esta organización, formada por magistrados, fiscales, catedráticos, abogados, así como otros ciudadanos ajenos al ámbito jurídico y cuya finalidad es «la despolitización de la Justicia y un Poder Judicial Independiente», ha pedido a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que inicien una investigación sobre tales hechos.
Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que directamente también acuda a las instituciones europeas «para denunciar la situación que hay en España».
Para ello, ha puesto en marcha una campaña que ha difundido en redes sociales:
‘POLÍTICOS CON UNA MENTALIDAD DICTATORIAL ESTÁN INTENTANDO MANIPULAR LA JUSTICIA’
«Tenemos que acudir fuera de España a advertir de esta situación porque en España los políticos que tienen una mentalidad dictatorial están intentando manipular la Justicia», ha declarado a Confilegal el magistrado Jesús Manuel Villegas Fernández, secretario general de esta plataforma.
Señala que dichos políticos «con sus maneras dictatoriales, quieren tenerlo ‘todo atado y bien atado’, expresión famosísima que dijo Franco antes de morir». Sin embargo, Villegas hace hincapié «en que la libertad no se puede atar, no se la puede encadenar, porque España ya no está aislada, no es una isla, sino que está dentro de un sistema de garantías democráticas de ámbito europeo -la Unión Europea y el Consejo de Europa-, por lo que esa pretensión es como la de ‘ponerle puertas al campo'».
«Evidentemente, en Derecho todo es discutible y las opiniones jurídicas se pueden defender con razones. Lo que a nosotros nos preocupa no es que haya una discusión jurídica, porque eso es legítimo, sino la mentalidad dictatorial que se esconde detrás de estas reformas políticas, porque lo que quieren hacer es evitar controles democráticos y rebajar los consensos, con lo cual se atenta contra el espíritu de la Constitución», argumenta este magistrado.
«Se quiere acabar con el espíritu de la Constitución y se rebajan las garantías»
El secretario general de la PCIJ indica que los políticos pueden hacer una reforma en el sentido que quieran, pero insiste en que «la vía que han escogido rebaja los controles, porque evita que los órganos consultivos del Estado hagan los informes preceptivos previos, y se hace por una vía indirecta, por la puerta de atrás y eso rebaja las mayorías democráticas».
En cuanto a la finalidad de la reforma, subraya que «ésta pretende rebajar los consensos, con lo cual el Tribunal Constitucional puede depender de una mayoría gubernamental, no de una mayoría más amplia que cree confianza entre los ciudadanos» y que, por tanto, «se está atentando contra el espíritu de la Carta Magna».
«Se pretende un control de las instituciones constitucionales»
Por último, el secretario general de la PCIJ pone el foco en las críticas de ciertos políticos a la Justicia, con expresiones como «golpistas con toga».
Este magistrado hace hincapié en que en una democracia todas las opiniones son legítimas», pero que tales declaraciones son ataques, «algo completamente fuera de lugar». «Pretenden desprestigiar y atacar personalmente a un poder del Estado, jugar con cartas marcadas y saltarse las reglas», critica Jesús Manuel Villegas.
A su juicio, esos ataques al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo son «una muestra de una reacción desesperada para silenciar a aquellos que no están de acuerdo con sus maniobras».
También destaca que el Poder Ejecutivo, con declaraciones como las del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, de que «las consecuencias serían impredecibles», está haciendo «una amenaza implícita».
«Se puede discrepar, pero no amenazar y las críticas al poder judicial están rebasando esa línea», concluye Villegas.
Esta plataforma, presidida por el notario Sosa Wagner, fue constituida en mayo de 2011 por un grupo de juristas «preocupados por la espiral de politización y pérdida de independencia de la Justicia española».
Según consta en su web, «no tiene otra finalidad que la de luchar por mejorar el estado de la Administración de Justicia y garantizar su plena independencia eliminando cualquier atisbo de politización dentro del Poder Judicial».
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