Cuenta la leyenda que Saladino, el victorioso caudillo musulmán que derrotó a los cristianos en la batalla de los Cuernos de Hattin, en 1187, ordenó ejecutar a los caballeros templarios y hospitalarios que había capturado.
Pero no les quitó la vida de cualquier manera, sino con premeditada crueldad. Encargó la decapitación a un grupo de juristas, ratones de biblioteca, más acostumbrados a manejar la pluma que la espada, por lo que no atinaban a cortar el cuello de los prisioneros.
Por eso, antes de morir, las víctimas padecieron un infierno gore, recibiendo heridas a diestro y siniestro, mutilados, desangrándose gota a gota, hasta que sus torpes verdugos, casi por casualidad, terminaban alcanzando una zona vital. Buena idea, pero mal ejecutada, debió de pensar el tirano.
Curioso, pero oímos esas mismas palabras en boca de los defensores de los “Tribunales de Instancia”, la novedosa organización judicial que ha enviado al otro barrio a nuestros tradicionales juzgados.
Tras la entrada en vigor de la inexplicablemente autodenominada “Ley de Eficiencia”, la justicia se ha sumergido en el caos, un maremágnum de funcionarios desorientados, abogados desesperados, justiciables indefensos y expedientes paralizados.
Pero ¿cuál es esa buena idea que esconde tan desafortunada ejecución?
Muy sencillo: los funcionarios ya no permanecen adscritos a un órgano jurisdiccional, sino que se refunden en unas macroestructuras donde, cual cadena de montaje, distribuyen sus actividades por tareas seriadas. Mientras tanto, el juez, sin control alguno sobre la oficina, ya no tiene a quién le explique presencialmente los asuntos, pierde el equipo que lo ayudaba; y, por si fuese poco, ha de apañárselas con la dación de cuenta electrónica a través de un frío programa de gestión, muro informático que lo aísla del personal.
¿Una buena idea?
Buenísima, si lo que pretendemos es no invertir un céntimo en nuestros tribunales, arrinconar a nuestros jueces y tratarlos como mulos de carga, echando sobre sus hombros la responsabilidad que antes compartían con su equipo de funcionarios.
Los partidarios del sistema lo sabían y callaron. Confiaban en aumentar la productividad judicial caiga quien caiga.
Pero les ha salido el tiro por la culata. El invento no funciona.
Por desgracia para ellos, la hemeroteca es implacable. Aparecen ahora como los defensores de un desastre sin paliativos. No les queda otra que hablar de “ejecución defectuosa”, pero sin atreverse a tocar la raíz del problema, que no es otra sino el mismo diseño estructural.
Cierto es que, bien mirado, la ejecución tampoco les está saliendo mal. Han logrado decapitar los juzgados, al cortar los vínculos entre el juez y la oficina. Y lo han hecho con una brutalidad propia de Saladino, que disfrutó como un niño de la carnicería que perpetraron sus lacayos juristas.
Sus émulos actuales extienden el caos para dejar bien claro qué el juez ya no manda nada, que ha de contentarse con ser una pieza más de una maquinaria dependiente del Ministerio de Justicia.
Bravo, señor ministro, Vd. es el jefe. Entiendo que le agrade tocarse con el turbante del sátrapa. Lo que no entiendo es que algunos de mis compañeros se mueran del gusto.
