¿Para qué sirven los fiscales?
Para nada.
Acaso sea la opinión de don Álvaro García Ortiz, que ostenta el dudoso honor de ser el primer fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados, como un vulgar delincuente.
Lo explico con un ejemplo muy de andar por casa. A veces, cuando una batidora, una maquinilla de afeitar u otro electrodoméstico se atasca, tengo la ocurrencia de desmontarlo con la esperanza de arreglar la avería. Una vez descuajaringado el aparato, lo vuelvo a armar, prestando atención a reconstruir su mecanismo con minuciosidad.
Y, por increíble que parezca, ¡funciona! Mi orgullo no conoce límites; me siento un manitas, incluso un genio. Sin embargo, descubro que me he dejado fuera una pieza que se me ha olvidado colocar. Y lo peor es que no tengo ni remota idea de dónde va. Aunque, al fin y al cabo, ¿qué más da?
Mientras el cacharro marche, no me voy a preocupar por una insignificante minucia como esa. Lo malo es que la voz de mi conciencia me dice que lo mejor sería haber avisado a un técnico, que un día de estos, de buenas a primeras, va a estallar, y entonces no quiero ni pensar cómo terminará la historia.
¿Qué pasaría si celebrásemos un juicio sin fiscal?
Que sería nulo, se apresurarían a responder hasta los más torpes estudiantes de primero de Derecho. O no. Tal vez el Ministerio Público sea una piececilla inútil, un ornamento que se mantiene porque luce bonito, pero que, en la práctica, sobra.
Pues bien, ese será el escenario del juicio al señor García Ortiz. Y por una razón muy sencilla, casi de Perogrullo. El fiscal que intervenga, por muchas que sean sus prendas profesionales y personales, a fin de cuentas, es un subordinado del acusado.
Es su jefe, no lo pasemos por alto. Por mucho que se esfuerce, siempre subsistirá la duda de presiones indebidas. Huelga recordar la estructura jerárquica, casi militarizada, del Ministerio Fiscal en nuestro país.
Por eso resulta sorprendente, e incluso grotesca, la porfía de don Álvaro en aferrarse con uñas y dientes a su cargo, sin reparar en la crisis constitucional que se nos echa encima.
Lo más fácil es mirar para otro lado. Lo malo es que corremos el riesgo de que el proceso reviente y el juicio sea nulo.
El artículo 124 de nuestra Constitución sujeta al Ministerio Público al principio de imparcialidad. Y no es una imparcialidad cualquiera, meramente formal. Con arreglo al ordenamiento supranacional europeo, los individuos que conforman la Fiscalía han de estar al margen de cualquier sospecha de influencia indebida.
A este respecto, recomiendo el excelente artículo “La figura del fiscal instructor frente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, del magistrado José Luis Rodríguez Lainz (publicado en la revista La Ley Digital).
Y la trayectoria de nuestro fiscal general del Estado, muñidor de relatos, no genera precisamente confianza en amplios sectores de la ciudadanía, que lo ven como un mero apéndice del Gobierno.
De todas formas, si el fiscal no sirve para nada, pues no hay de qué preocuparse. En realidad, quizás sí que sirva, pero para algo diferente a lo que piensan los ingenuos.
No para “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad”, sino para ejecutar la política criminal del Gobierno. En ese caso, ¿no es mejor que se encargue de hacerlo un criminal?
Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y magistrado, reflexiona con ironía sobre el papel del Ministerio Público y la crisis de imparcialidad que rodea al fiscal general del Estado.
