“Juzgar a los muertos es una aberración jurídica”. Con esta afirmación tajante, el magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, califica la denuncia presentada por una mujer anónima contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez González.
Para Villegas, el caso no plantea un dilema legal complejo ni un vacío normativo: es, directamente, una utilización espuria del sistema judicial con fines políticos y simbólicos.
Las declaraciones del magistrado irrumpen, a través de unas declaraciones a esradioTV, en un debate público cargado de emotividad y polarización tras la publicación por El País de la denuncia de una mujer que atribuye a Suárez abusos sexuales cometidos entre 1982 y 1985, cuando ella era menor de edad.
Frente al énfasis mediático en el testimonio, el contexto de violencia sexual y el valor del relato como forma de reparación, Villegas introduce una lectura radicalmente distinta: la de un jurista que considera que el caso “no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista del Estado de derecho”.
Desde el plano estrictamente jurídico, Villegas no deja margen a la duda. “No se puede juzgar a los muertos. Lo dice el artículo 131 del Código Penal: la responsabilidad criminal se extingue con el fallecimiento”, recuerda.
A ello añade un segundo obstáculo igualmente insalvable: la prescripción. “Estamos hablando de hechos ocurridos hace más de cuarenta años. Están prescritos con absoluta evidencia”, afirma, subrayando que se trata de una cuestión básica de seguridad jurídica, no de una interpretación ideológica del derecho.
El magistrado insiste en que el debate no es técnico ni sofisticado. “Esto lo sabe cualquiera. No hace falta ser catedrático: basta con abrir un Código Penal. Incluso un estudiante de Derecho lo entiende”, señala, criticando lo que considera una deliberada confusión entre legalidad y juicio moral.
En su opinión, presentar la denuncia como si pudiera producir consecuencias penales es “engañar a la opinión pública”.
Villegas también desmonta la hipótesis de una eventual reparación económica por la vía civil. Aunque reconoce que, en abstracto, podría intentarse una reclamación indemnizatoria, advierte de que “eso no se hace en un juzgado penal” y de que los plazos de prescripción civil operan igualmente.
“Pretender reclamar algo cuarenta años después tampoco es posible en el ámbito civil. No hay atajos jurídicos”, subraya.
No hay recorrido penal o civil
Es precisamente en ese punto donde Villegas sitúa el núcleo del problema: si no hay recorrido penal ni civil, ¿por qué impulsar la denuncia? Su respuesta es clara.
«Esto no va de derecho, va de política”, afirma. A su juicio, la finalidad real es abrir un proceso de deslegitimación pública de una figura clave de la Transición. “Se busca el espectáculo, la controversia, para ir minando las bases del consenso constitucional”.
El magistrado vincula el caso con una estrategia más amplia de cuestionamiento de los símbolos del régimen del 78.
“Se ha atacado al rey emérito, y quedaba Adolfo Suárez, que es una figura central de nuestro imaginario colectivo”, sostiene. En ese sentido, interpreta la denuncia como “una vía idónea para erosionar la Transición y, con ella, la Constitución”.
Villegas compara esta lógica con la de las llamadas comisiones de la verdad en otros países, órganos de naturaleza política o histórica, no jurisdiccional.
Para el magistrado, el problema no es el relato de la denunciante, sino la pretensión de convertirlo en un juicio sin acusado, sin defensa y sin derecho. Un terreno que, a su juicio, ninguna democracia constitucional debería pisar.
Pero advierte: “Los juzgados españoles no son comisiones de la verdad”. Y recuerda que intentos similares de convertir a los tribunales en foros de revisión histórica ya fueron considerados ilegales en el pasado. “Eso en España no se puede hacer”, afirma con rotundidad.
Especialmente duro se muestra con la idea de sustituir las garantías procesales por la validación automática de las denuncias.
“Aquí parece que basta con que alguien acuse para que tengamos que creerlo sin más, prescindiendo del derecho de defensa”, critica. A su juicio, ese planteamiento encierra “un espíritu claramente totalitario”. “Si aceptamos eso, sobra el Estado de derecho. Da igual que el acusado esté muerto o vivo”, añade.
Frente al énfasis de El País en el valor del testimonio y en la legitimidad de denunciar incluso cuando no hay consecuencias penales posibles, Villegas advierte del riesgo institucional de utilizar el sistema judicial como escenario simbólico. “Los jueces no van a bailar al son que algunos tocan”, concluye.
En definitiva, las declaraciones de Jesús Villegas no solo cuestionan la viabilidad jurídica de la denuncia contra Adolfo Suárez, sino que plantean un debate de fondo sobre los límites entre memoria, política y justicia.
Para el magistrado, el problema no es el relato de la denunciante, sino la pretensión de convertirlo en un juicio sin acusado, sin defensa y sin derecho. Un terreno que, a su juicio, ninguna democracia constitucional debería pisar.
