La prudencia es la virtud judicial por excelencia. Ese es el modelo que nos ha transmitido la tradición, que el servicio a la justicia comporta serenidad de ánimo, escuchar a la razón, no a las tripas. Los jueces españoles ofrecen un encomiable ejemplo, no solo de prudencia, sino de paciencia.
Sin perder la compostura han asistido a una campaña de desprestigio solo parangonable a la que se ha perpetrado en México, Venezuela u otros regímenes de dudosas credenciales democráticas, por decirlo de manera suave.
Los han llamado “franquistas”, pese a que haya que buscar en el asilo o en el camposanto a las señorías que sirvieron sus destinos bajo el Caudillo.
Los han llamado “machistas”, pese a que quienes acceden a la carrera sean en su abrumadora mayoría mujeres.
Los han llamado “señoritos”, pese a que las filas de la judicatura se nutran principalmente de la clase media. Los han llamado “endógamos”, pese a que lo habitual es que no tengan parientes togados.
Y lo peor es que incluso se han atrevido a cuestionar la salud mental quienes les resultaban especialmente incómodos, disparate que evoca el totalitarismo soviético o fascista.
Por uno oído les entra y por otro les sale. Resistir a las presiones es su oficio, están acostumbrados. Por cierto, igual vale para los señores fiscales, profesionales excelentes que han superado las mismas pruebas que sus compañeros jueces para ejercer la enorme responsabilidad que recae sobre sus hombros.
Lo más grave es otra cosa: las reformas legislativas ad hoc. Los Gobiernos pasan, pero las normas quedan, y luego es muy difícil arreglar el desaguisado de un Legislador iconoclasta.
OBJETIVO: ASIMILAR A LOS JUECES INTERINOS SIN PASAR POR OPOSICIONES
No es de sorprender, por tanto, que un millar de jueces y fiscales se hayan agrupado espontáneamente a través del sistema de mensajería WhatsApp preocupados por el plan ministerial para incorporar por las bravas a la carrera judicial, sin pasar por las oposiciones, a cientos de profesionales que desempeñan funciones jurisdiccionales de manera interina.
Es una maniobra de un estrategia mayor de politización: como para controlar a la cúpula ya cuentan con el Consejo General del Poder Judicial, ahora le toca a la base.
Cuando un asunto de corrupción se reparte aleatoriamente en un juzgado servido por un magistrado que no debe nada a nadie, pues se ha ganado la plaza solo por su sacrificio, el delincuente sabe que nada hay que hacer, que ninguna llamadita le salvará el pellejo.
Por eso los males no vienen solos: se pretende acabar con los jueces de instrucción, que son “independientes”, para reemplazarlos por unos futuros fiscales investigadores, que no son más que “autónomos”, o sea, que obedecen órdenes.
Eso sí, con un retoque cosmético de su Estatuto Orgánico para lavarles la cara y guardar las apariencias.
No olvidemos, tampoco, la eufemística “ley de eficiencia”, encaminada a disolver los juzgados en macroestructuras denominadas “tribunales de instancia”, donde los magistrados pierden el control sobre las oficinas y, en consecuencia, se desconectan de los funcionarios que los han de auxiliar en su aplastante carga de trabajo.
Fácil será torpedear las causas procesales que inquieten a los poderosos. Basta con redistribuir la plantilla de los servicios comunes, máxime con el aumento de poder del que gozarán los “LAJs” (secretarios judiciales) que, en última instancia, pertenecen a una estructura jerárquica coronada por la autoridad política.
Todo está atado y bien atado.
¿Cuál será el siguiente paso de este valiente movimiento de las bases de la justicia? Se sienten vientos de huelga. Bien está, ya que, junto a la prudencia, la fortaleza es otra de las virtudes cardinales, como nos enseñaban los clásicos.
Ni la judicatura ni la fiscalía son profesiones para cobardes.
