Opinión | La justicia no se negocia

Jorge Rodríguez Pérez, abogado de Consortium Abogadis, critica que los responsables políticos critiquen las resoluciones judiciales, muchas veces sin entenderlas. España necesita «que los gobernantes entiendan que su obligación no es ‘controlar’ la Justicia, sino protegerla». Foto: Confilegal

23 / 11 / 2025 05:44

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En un Estado democrático de Derecho, el Poder Judicial debería ser el último refugio del ciudadano frente a los abusos del poder. El baluarte que garantiza que, más allá de mayorías parlamentarias, estrategias políticas o coyunturas electorales, existe un lugar donde la ley -y no la conveniencia- tiene la última palabra.

Sin embargo, España vive desde hace años un clima inquietante de erosión institucional donde los gobernantes, de uno y otro signo, parecen haber perdido los matices del respeto debido a la Justicia.

Se ha normalizado un discurso político que deslegitima, ataca, presiona o desfigura la función jurisdiccional cuando el resultado procesal no satisface intereses partidistas. Y esto, aunque se haya asumido con cierta resignación social, es inaceptable en democracia.

Hay jueces -muchos más de los que se piensa- que ejercen su función con una integridad admirable: trabajan con profesionalidad, soportan presiones de todo tipo, resisten titulares lapidarios y cumplen con lo que la Constitución les exige: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia, imparcialidad y sometimiento a la ley.

A estos jueces se les ha llegado a humillar públicamente, cuestionar su honor, y convertirlos en diana de campañas de desprestigio que ningún Estado serio debería permitir.

Cada vez que un responsable político desautoriza una resolución judicial sin haberla siquiera leído -o peor, sin entenderla- se envía un mensaje devastador: que la ley es prescindible, que la justicia es negociable y que la independencia judicial es un obstáculo a sortear, no un principio que proteger.

Defender la independencia judicial no implica cerrar los ojos. La crítica honesta también requiere admitir que existe una minoría de jueces que no honran la responsabilidad de su cargo.

No son muchos, pero existen. Jueces que, de forma consciente o no, permiten que la ideología, la presión mediática o el cálculo político contaminen su labor. Jueces que retuercen el derecho, interpretan la norma más allá de lo razonable o construyen argumentos que no resisten el más mínimo análisis técnico para llegar a una solución “a medida” de quien, precisamente, vulneró antes la legalidad.

«Cada vez que un responsable político desautoriza una resolución judicial sin haberla siquiera leído -o peor, sin entenderla- se envía un mensaje devastador: que la ley es prescindible, que la justicia es negociable y que la independencia judicial es un obstáculo a sortear, no un principio que proteger».

Decirlo con claridad no debilita a la Justicia: la fortalece, porque reivindica la necesidad de un Poder Judicial exigente consigo mismo, fiel a los principios de profesionalidad, rigor y control.

La politización de la Justicia -en su doble vertiente: la externa que proviene de los gobernantes y la interna que se produce cuando algún juez se deja influir- no es un debate académico.

Tiene consecuencias reales: socava la confianza de la ciudadanía, debilita el estado de derecho y abre la puerta a un escenario donde la ley deja de ser un límite para convertirse en una herramienta al servicio de intereses coyunturales.

Un país donde los jueces son presionados, caricaturizados o instrumentalizados es un país que circula por una pendiente muy peligrosa.

La justicia no puede ser complaciente con nadie. Debe ser miembro crítico del Estado, no brazo ejecutor de mayorías políticas. Y también debe ser un cuerpo profesional autocrítico, que no tolere que unos pocos manchen el prestigio de quienes, cada día, sostienen con dignidad la difícil tarea de impartir justicia.

España necesita hablar con seriedad -y sin miedo- sobre la independencia judicial. Necesita blindarla de presiones políticas, mediáticas y partidistas.

Necesita que los gobernantes entiendan que su obligación no es “controlar” la Justicia, sino protegerla. Y necesita que la carrera judicial sea internamente firme frente a desviaciones que, aunque minoritarias, causan un daño institucional incalculable.

Porque sólo con jueces libres, responsables y respetados puede existir una democracia fuerte. Y porque la Justicia, para ser justicia, no puede ser utilizada. Ni desde fuera… ni desde dentro.

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