Anticorrupción rechaza hacer una «macrocausa» de los Pujol
La Fiscalía Anticorrupción rechaza que las distintas investigaciones abiertas a miembros del clan Pujol que se tramitan en el juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona (contra el ex presidente de la Generalitat y su esposa, Marta Ferrusola), en la Audiencia Nacional (contra Jordi Pujol Ferrusola, y su ex mujer Mercè Ginorès) y en la propia Fiscalía contra Oleguer Pujol lleguen a acumularse.
Fuentes de Anticorrupción señalan que hay que tener en cuenta que las investigaciones son aún muy incipientes, afectan a hechos muy concretos y diferentes en cada caso y no existe por el momento ningún punto de conexión. En todo caso la existencia de un eventual «macroproceso» contra los Pujol iría en contra de la agilidad de las investigaciones
En contra de esta postura se ha venido manifestando Manos Limpias, que presentó la querella contra Jordi Pujol y su esposa en Barcelona y ha solicitado personarse en la que desde hace meses instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz contra el primogénito del expresidente de la Generalitat y su esposa Mercé Gironés por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Según señaló el secretario general del sindicato, Miguel Bernad a principios del pasado mes de agosto «los dos casos están conectados» ya que «en el entramado societario de Jordi Pujol hijo está metido el padre». Por esta relación tan estrecha, desde el sindicato sopesan que en el caso de que la juez de Barcelona inicie actuaciones contra Jordi Pujol la causa pueda unirse finalmente a la que instruye el juez Ruz.
Andorra colaborará con el juez Ruz sobre Jordi Pujol Ferrusola
De momento, la justicia andorrana ha admitido a trámite la comisión rogatoria —procedimiento de auxilio judicial entre estados— en la que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz solicitaba información bancaria sobre Jordi Pujol Ferrusola. La juez del principado pirenaico, en un auto firmado el pasado 28 de agosto y remitido a la Audiencia Nacional da un plazo de 30 días a la Banca Privada de Andorra, entidad donde el hijo del expresidente catalán tiene depositados sus fondos, para que le envíe la documentación solicitada por el juez Ruz a finales del pasado julio.
La juez andorrana, tras recibir una aclaración del Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre los datos solicitados, accede a la petición pero suspende la ejecución de la comisión rogatoria durante un mes para que los investigados puedan alegar ante la justicia del principado cuanto consideren oportuno para su defensa. Este procedimiento de garantías es similar al que aplica la justicia de Suiza en el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas.
En su auto, la juez aprovecha para recordar los límites legales de Andorra a la cesión de datos bancarios a otros países para fines de investigación judicial. La documentación andorrana solo podrá ser usadas para investigar delitos de blanqueo de capitales vinculados a delitos de corrupción, como el cohecho o el tráfico de influencias. Sin embargo, no podrán utilizarse para investigar delitos de blanqueo derivados de un simple delito contra la Hacienda Pública.
El hijo del expresidente catalán y su exesposa, Mercè Gironès Riera, han sido citados para declarar como imputados el próximo 15 de septiembre ante el juez Ruz. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre supuestas comisiones ilegales que pagaron hasta 17 empresas privadas, todas ellas contratistas de administraciones públicas de Cataluña, a tres sociedades del hijo del ex presidente catalán por servicios falsos. En cuatro años, esas tres sociedades ingresaron de las 17 empresas privadas más de ocho millones de euros.
