Asociaciones judiciales y fiscales rechazan, e incluso califican de «sinvergonzonería» o de «Táctica publicitaria» la idea del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de eliminar el aforamiento de los cerca de 15.000 jueces y fiscales que hay en España, pero no la protección de la que gozan la mayoría de políticos.
Gallardón parece dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la gran reforma de la Justicia, pero desde los colectivos de jueces y fiscales han decidido expresar públicamente su rechazo al proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Ejecutivo pretende aprobar en las próximas semanas.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, ha destacado que el comportamiento de un juez debe ser investigado por un compañero de grado superior y se ha mostrado partidaria de que ciertos cargos públicos gocen de aforamiento para no «deteriorar la credibilidad» de la institución a la que representan si después una decisión es revocada en una instancia más elevada.
Su portavoz, Pablo Llarena, ha indicado que las asociaciones judiciales puedan opinar sobre cuestiones de interés general, aunque ha precisado que ni ellas ni los jueces deben valorar la actuación de otros magistrados, cuya «independencia se debe preservar». En cuanto a que la Comisión Permanente del CGPJ pueda pasar de tener cinco a siete vocales, Llarena ha recordado que su asociación siempre ha sido partidaria de que todos los consejeros tengan dedicación exclusiva. En caso de mantenerse la «morfología legal actual», celebra que sean siete siempre y cuando se respeten las proporciones, es decir que cuatro tengan procedencia judicial y los otros tres no.
Desde la asociación Francisco de Vitoria, su portavoz Marcelino Sexmero ha tachado de «sinvergonzonería» que la propuesta de reducir los aforados se limite básicamente a los jueces y fiscales teniendo en cuenta el número de casos de corrupción que afecta a los políticos, quienes gozan de una protección integral a diferencia de los jueces y magistrados. Estos últimos tienen un fuero parcial, limitado a su cargo y los actos cometidos en ejercicio de sus funciones. A su juicio, es además «inconstitucional» que no se permita a jueces y las asociaciones judiciales valorar asuntos de interés público en medios de comunicación. «Parece lógico que lo enmienden», ha añadido.
Sexmero ha afirmado que la posible ampliación de miembros de la Comisión Permanente en el CGPJ significa «reconocer el fracaso de la reforma legislativa» y es «insuficiente» el actual número de vocales para soportar la carga de trabajo. «No cabe reducir las funciones del CGPJ», ha añadido.
Reclaman una reforma de aforados en conjunto
En el mismo sentido opina el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, que añade que «no tiene sentido» que la reforma sobre los aforados «no sea integrada y de conjunto». «Realmente lo que preocupa a la sociedad es que los políticos tengan un trato especial y sean juzgados por un tribunal que no sea el ordinario. Que se pretenda eliminar para jueces y fiscales no es la solución al problema que preocupa a la sociedad», ha argumentado.
«El Gobierno no puede dar golpes de imagen reduciendo los aforamientos que no preocupan a la sociedad», ha señalado Bosch, para defender igualmente que es lógico que un juez «no pueda investigar al compañero de juzgado con el que pueda haber determinadas conexiones». «En todo caso, se puede ver pero todo en conjunto», ha agregado. En cuanto a la libertad de expresión de jueces y asociaciones, Bosch ha remarcado que «no tiene justificación limitar ningún derecho fundamental». «Solo puede estar justificado en caso de atacar la independencia de otro juez, pero cualquier opinión fundada y constructiva no vulnera ningún bien jurídico y es positiva para que la ciudadanía esté informada», ha remachado.
Finalmente, ha concluido que otra reforma del modelo de órgano de gobierno de los jueces demuestra la «improvisación» del Ministerio de Justicia, que «como tantos proyectos tiene que cambiar». En su opinión, el sistema de Gallardón está generando «muchos conflictos» de funcionamiento y el aumento de la Comisión Permanente sería un «simple parche». «El problema de fondo es la estructura mal diseñada», ha finalizado.
«Táctica publicitaria»
Desde la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz explica que el anteproyecto de Ley de Gallardón «es una táctica publicitaria» y asegura que el aforamiento, en el caso concreto de jueces y fiscales, responde a que lo ven «como una garantía, pero en ningún momento como una garantía personal». Los fiscales dicen que se trata de «una cuestión de qué es lo que ocurre cuando hay un conflicto de poderes».
Más concretamente apunta a que «solo se nos permite el aforamiento sobre el ejercicio de nuestras funciones» y asegura que es en el entorno de su trabajo donde necesitan el aforamiento: «Las personas con las que trabajamos saben lo que hacemos y esto puede provocar disfunciones».
