El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, asumirá la querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona contra la familia del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en la que se le acusa de no haber declarado a Hacienda los fondos que tuvo en el extranjero durante más de treinta años y haber creado presuntamente un entramado dedicado al cobro de comisiones ilegales.
La querella ha recaído en el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 en virtud de las normas de reparto de la Audiencia Nacional a pesar de que los dos colectivos se la remitieron al juez Pablo Ruz, que investiga al hijo mayor del exjefe del Gobierno catalán, Jordi Pujol Ferrusola, por los numerosos pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas recibieron de empresas adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña.
Según las citadas fuentes, el magistrado tendrá que decidir ahora si admite o no a trámite la querella tras pedir los correspondientes informes a la Fiscalía o si bien se la remite a Pablo Ruz por existir antecedentes en su juzgado sobre este asunto.
La acción legal, que cuenta también con el apoyo de ICV, EUiA, CUP, Partido X, Procés Constituent y otros colectivos sociales, se remonta a la «falta de funcionamiento efectivo de los controles» que propició el cierre de la instrucción del caso Banca Catalana en 1986, y recoge la confesión por escrito que realizó el expresidente catalán el pasado 25 de julio, cuando reconoció que su familia había regularizado los fondos provenientes de una herencia que su padre, Florenci Pujol, le había legado en septiembre de 1980.
También considera «indispensable, por razones de justicia, determinar si este patrimonio oculto, aunque inicialmente fuera un legado del padre del expresidente, procede también del portentoso entramado financiero creado por la familia Pujol y de beneficios obtenidos por actividades económicas ilícitas vinculadas a la obtención de contratos públicos para sus propias empresas o al cobro de comisiones, por parte de la Generalitat, en la celebración de este tipo de contratos».
Más de una decena de querellados
Los querellantes piden la imputación del ex presidente del Ejecutivo catalán; su esposa, Marta Ferrusola; los hijos del matrimonio –Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer–; y empresarios como Jordi Puig i Godes –hermano del conseller Felip Puig– y Carles Sumarroca, cofundador de CDC y amigo del ex mandatario catalán. También se encuentran dos hijos de este último –Carles y Jordi Sumarroca Claverol– y la ex mujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès.
Los promotores de esta iniciativa, que han contado con el asesoramiento del fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, atribuyen a los querellados varios delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento público y omisión de perseguir delitos.
De igual modo, justifican que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos al tratarse de «defraudaciones o maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia».
