El ex consejero de Justicia e Interior madrileño, Francisco Granados, negó ayer ante la jueza de instrucción tener conocimiento del supuesto seguimiento a políticos del Partido Popular en el 2008.
Se suele decir que a la tercera va la vencida. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, debe decidir ahora si archiva por tercera vez el caso del espionaje político en la Comunidad Autónoma de Madrid, como ya hizo las dos veces anteriores, o tira hacia delante en la investigación.
Dos veces antes la magistrada sobreseyó provisionalmente el caso y dos veces la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid -presidida por Miguel Hidalgo-, tumbó los mencionados archivos y forzó a la magistrada Valcarce a que siguiera investigando.
La declaración de ayer de Francisco Granados podría suponer el sobreseimiento definitivo del caso. Un punto final.
Durante esta comparecencia ante la magistrada, el ex consejero de Justicia e Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid aseguró que no había tenido conocimiento de la supuesta trama de espionaje orquestada en el PP de Madrid en el año 2008. Granados rechazó cualquier implicación ante la juez Valcarce, a cuya cita acudió con horas de antelación para evitar las cámaras que había a la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
El ex consejero, que dimitió tras conocerse su patrimonio oculto en Suiza de hasta 1,5 millones de euros, llegó solo al juzgado de Instrucción número 5 de Madrid. Según fuentes judiciales, Francisco Granados rechazó cualquier vinculación o conocimiento del seguimiento al que funcionarios de la Comunidad de Madrid habrían sometido al entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al que fue su antecesor en la Consejería de Justicia, Alfredo Prada.
Durante la comparecencia que se extendió durante un poco más de treinta minutos, Granados, se desvinculó de los seguimientos y negó haber tenido conocimiento alguno de los nombramientos del personal de seguridad, en alusión a la imputación de algunos guardias civiles en los seguimientos a las personalidades mencionadas. El ex consejero habría defendido que estos eran responsabilidad del director de este departamento y no suya.
Granados acudió como testigo ante la jueza por petición de la ex diputada regional y compañera de filas populares Carmen Rodríguez Flores. Tras esta declaración, la instructora deberá decidir si archiva el proceso judicial o incoa el procedimiento para que se juzgue por un jurado popular al tratarse de un delito de malversación de caudales -por el dinero público supuestamente invertido en pagar a los «espías».
Granados, según fuentes judiciales, habría declarado que no le consta si efectivamente existía una estrecha relación entre el entonces director del Área de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, y el ahora presidente de la Comunidad, Ignacio González, que en 2008 ocupaba el puesto de vicepresidente. Esperanza Aguirre, aún hoy presidenta del PP de Madrid, ocupaba el más alto cargo político de la región.
Denuncia de Manuel Cobo
El procedimiento por supuestos espionajes a políticos madrileños arrancó en mayo de 2009, cuando la juez incoó diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por el ex vicealcalde de Madrid Manuel Cobo.
